La Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de definir si el ex vicepresidente Amado Boudou vuelve a ser detenido, luego de que se celebrara este miércoles la audiencia por la apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF) al fallo que le concedió la excarcelación en la causa Ciccone, en la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, informaron fuentes judiciales.
Boudou no participó de la audiencia ante la sala IV del máximo tribunal penal pero sí lo hicieron sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes sostuvieron que ese acto nunca debió realizarse porque las querellas no están habilitadas a apelar una excarcelación.
“Esta audiencia debió haber sido rechazada sin más”, sostuvo Rúa ante los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos a los que, además, les aseguró que “Boudou no tiene problema en cumplir una condena si le corresponde, si le dicen que está confirmado que cometió un delito”.
El abogado de Boudou también remarcó que la libertad de su defendido está condicionada, entre otras cosas, por el uso de una tobillera electrónica, el pago de una caución millonaria y la prohibición de salir del país, y que las querellas no explicaron por qué esas medidas son insuficientes.
“Boudou participa activamente de la vida política mientras está siendo permanentemente monitoreado; saben con quién se junta. ¿Por qué esto no es suficiente? Las querellas no lo explicaron”, sostuvo Rúa.
El abogado también rechazó el supuesto peligro de fuga aludido por las querellas, dijo que siempre estuvo a disposición de la Justicia, que ya estuvo preso y que “si mañana u hoy mismo se dispone que tiene que volver a prisión, lo hará”. A partir del desarrollo de la audiencia, a la que tanto la UIF como la Oficina Anticorrupción enviaron sus posiciones por escrito, la Cámara de Casación tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para definir si revoca o no la excarcelación del ex vicepresidente.
Durante la audiencia también intervino el fiscal ante la Casación, Javier de Luca, quien dijo que no expondría sobre el fondo de la cuestión pero que alcanzaba con señalar que en lo formal existe una “expresa prohibición que tienen las querellas a presentar recursos de apelación contra las resoluciones de excarcelación”.
De Luca invocó el artículo 332 del Código Procesal Penal, que establece que “el auto que conceda o niegue la exención de prisión o la excarcelación será apelable por el ministerio fiscal, el defensor o el imputado, sin efecto suspensivo, dentro del término de 24 horas”.
El ex vicepresidente fue condenado en agosto pasado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, pero ese fallo fue apelado por su defensa y aún no está firme.
La sentencia condenatoria contra Boudou se emitió el 7 de agosto pasado y ese día el ex vicepresidente quedó detenido porque el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 entendía que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como Ciccone II.
En diciembre pasado, tras los procesamientos sin prisión preventiva dictados en la segunda causa vinculada con Ciccone, los abogados de Boudou volvieron a reclamar su libertad por entender que los supuestos riesgos se habían extinguido, y el TOF 4 -que había modificado su integración por el reemplazo de uno de sus miembros- se la concedió.
En la audiencia de hoy, la OA presentó un escrito en el que sostuvo que “sin que se hubieren modificado las circunstancias que llevaron al dictado de la prisión preventiva del condenado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 carecía de jurisdicción para volver a pronunciarse sobre el tópico”.