El Gobierno nacional resolvió volver al esquema de tarifa social establecido en 2016, que bonifica el 100 por ciento de la tarifa del consumo de gas.
Lo hizo a través de la Resolución 218/2018 del Ministerio de Energía, publicada ayer en el Boletín Oficial y que lleva la firma del ministro Juan José Aranguren. La misma dispuso "la suspensión de la aplicación de los criterios de bonificación para los usuarios de la Tarifa Social establecidos en los artículos 4 y 5 de la Resolución 474 del 30 de noviembre de 2017 de este Ministerio, para los consumos de dichos usuarios efectuados durante los meses de mayo y junio del corriente año 2018".
Al respecto, se determinó "aplicar para la facturación de dichos consumos el régimen de tarifa social con el alcance previsto en el artículo 5 de la Resolución 28 del 28 de marzo de 2016 de este ministerio, a cuyos efectos deberá considerarse la bonificación del 100 por ciento del precio de gas natural o del gas propano que dichos usuarios consuman".
Los gobernadores se comprometieron a absorber "en partes iguales con el Gobierno nacional, el costo fiscal originado por ella en relación con los usuarios de sus respectivas provincias, aspecto que se encuentra en trámite de instrumentación", según los considerandos de la norma.
A fines del año pasado el Gobierno limitó los alcances de la tarifa social en el gas: antes, las familias que tenían ese beneficio sólo debían pagar por los servicios de transporte, de distribución y los impuestos de cada factura, mientras que el consumo del gas en sí mismo estaba enteramente subsidiado por el Estado.
En cambio, tras la Resolución 474/2017, se decidió subsidiar el equivalente de consumo correspondiente a la categoría de usuario R1 distribuido mensualmente en metros cúbicos (m3) por mes.
Así se convergió a un esquema parecido al de la tarifa social de electricidad, con un cupo de gas 100 por ciento subsidiado, luego otro cupo con un subsidio del 75 por ciento y el resto, con precio pleno, similar al de los usuarios sin beneficio social.
Sin embargo, con la resolución publicada ayer se vuelve al esquema original de subsidiar el 100 por ciento de la tarifa social a todos sus beneficiarios.
Esta discriminación de consumos quedó suspendida para los meses de mayo y de junio, durante los cuales se espera una suba de la inflación producto de la devaluación del peso, según apuntaban ayer medios nacionales.
La decisión se da luego de que la oposición lograra dictamen para tratar en el Senado el proyecto que busca limitar los incrementos de los precios de los servicios públicos. Télam
La diputada nacional oficialista Elisa Carrió presentó ayer un proyecto de ley que prohíbe la inclusión de cargos extras en las facturas de servicios públicos.
La iniciativa fija que "los únicos impuestos que podrán incluirse serán el IVA e Ingresos Brutos". Especifica que "cuando una empresa de servicio público con variaciones estacionales facture en un período consumos que exceden el 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores, sin considerar los aumentos producidos por las revisiones tarifarias integrales, se presume que existe error en la facturación".
Agrega que "para el caso de servicios no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce meses". "En ambos casos, se abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio; quedando expresamente prohibido disponer el corte del servicio", indica la iniciativa. En los fundamentos del proyecto se señala que se busca "proteger al consumidor de los posibles abusos en los que incurran tanto las empresas prestadoras de los servicios, como así también las provincias y municipios".
> En defensa de la obra pública
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó ayer la continuidad de las obras públicas iniciadas por el Gobierno nacional, que calificó como necesarias "por la competitividad y la mano de obra que generan", y agregó que pese "a los recortes previstos este Gobierno está en los mayores niveles de inversión" de los últimos años.
"No queremos que sea la obra pública la que se paralice o se desfinancie en el camino hacia el equilibrio fiscal. La obra pública es necesaria por la competitividad y por la mano de obra que genera", dijo Peña al responder en la Cámara de Diputados al presidente de la comisión de Obras Públicas, el justicialista Sergio Ziliotto, sobre cómo iba a afectar a la obra pública la reducción de gastos para disminuir el déficit fiscal. Peña expuso en el marco de su segundo informe del año ante la Cámara de Diputados.