Anoche, el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó un informe del juzgado de Claudio Bonadio con un detalle en lo actuado hasta ahora en la causa de los cuadernos de las coimas. En el mismo, confirma "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
Para Bonadio, ya hay indicios que "prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años cuanto menos, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
Y revela detalles: " partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio Miguel De Vido.
Además, el informe revela que ya se secuestraron en distintos allanamientos "mas de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados con un valor aproximado de $ 37.000.000 y $ 4.500.000".
En el escrito también se da cuenta de otros secuestros de dinero en efectivo: "aproximadamente $6.350.000, más U$S 1.245.000 y ¥ 235.000, también sumas de dinero expresadas en pesos chilenos, uruguayos y reales, 9 armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama". Según lo publicado por el juzgado de Bonadio, en total y hasta el momento recibieron 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura. Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva.
Fuente: Clarín
Martínez Rojas pide declarar
El empresario Mariano Martínez Rojas, detenido en el marco de una causa que investiga un negociado para acceder a dólares baratos durante el cepo cambiario, ofreció información en el caso de los cuadernos de la corrupción.
Fuentes judiciales informaron al sitio online de noticias Infobae que el exdueño del diario Tiempo Argentino y Radio América solicitó una entrevista con el fiscal de la causa, Carlos Stornelli. Se desconoce si finalmente brindará una declaración formal como imputado o como testigo.
Ayer, Martínez Rojas fue indagado por el juez Gustavo Meirovich, quien instruye el expediente de la "Mafia de los Contenedores", un caso que involucra a 50 empresas que habrían utilizado declaraciones juradas falsas para importar bienes por 300 millones de dólares entre 2012 y 2015 mientras regían restricciones cambiarias en la Argentina.
Una vez que finalice ese acto procesal, Martínez Rojas será trasladado por fuerzas policiales al edificio de tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El empresario fue detenido en los Estados Unidos y extraditado a mediados de este año. Apenas llegó al país, Martínez Rojas había pedido ingresar al Programa de Protección de Testigos e Imputados. Sin embargo, en las últimas horas decidió salir de manera voluntaria, pudo saber Infobae de fuentes oficiales y judiciales.
"Nunca se adaptó a las condiciones del Programa", precisó una fuente. El empresario está detenido en el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
El lugar cuenta con 120 hectáreas y fue habilitado en 1999. Tiene capacidad para 1.766 internos.
Está dividido en cinco módulos de alojamiento independientes que poseen celdas individuales.