La Cámara Federal porteña aceptó ayer el pedido del detenido empresario Lázaro Báez de tener una ‘audiencia personal’ con sus jueces y lo citó para el lunes 6 de junio, cuando se cumplan dos meses y un día de su detención para escuchar sus reclamos.
Así lo resolvió la Sala II del tribunal que integran los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, tras lo cual el tribunal resolverá las apelaciones a su procesamiento por presunto ‘lavado de activos’ dictado por el juez Sebastián Casanello.
El empresario hizo llegar el viernes pasado un pedido escrito de puño y letra desde la Cárcel de Ezeiza y sin la firma de ninguno de sus abogados, en el que solicitó una audiencia personal para tratar ‘temas vinculados a la causa‘ y a su ‘situación procesal‘.
Fuentes de la Cámara admitieron su sorpresa ante el pedido y en especial por no ser presentado por ninguno de los cinco abogados que lo representan en diferentes causas.
‘Baéz desea ser escuchado personalmente antes de que el tribunal se expida sobre las apelaciones’, dijo a Télam un allegado al empresario quien no descartó que pida expresamente el cese de su prisión preventiva y continuar el proceso en libertad.
Casanello lo detuvo el pasado 5 de abril aduciendo el peligro inminente de fuga cuando viajaba desde Santa Cruz en un vuelo privado que, según dijo, no tenía plan de vuelo definido. Quiere que los camaristas escuchen de su propia boca que no existe riesgo de que se fugue y que tampoco obstaculizará la investigación que lleva adelante el juzgado y el fiscal (Guillermo) Marijuán’, añadió la fuente.
La audiencia se fijó para el lunes 6 de junio a las 11,15.
La Sala II puso como condición que antes de la audiencia, Báez deberá especificar ‘la naturaleza de la audiencia pretendida, posibilidad de acceso de otras partes, letrados, publicidad, etc., a los fines de poder instrumentar su adecuada realización‘.
Simultáneamente, Báez rechazó ayer en un nuevo escrito presentado ante Casanello haber sido ‘el zar de la obra pública‘ del kirchnerismo y citó una nómina de 35 empresas constructoras adjudicatarias en la región patagónica junto a su compañía Austral Construcciones S.A.
En este contexto, Báez pidió al juez federal Sebastián Casanello que investigue ‘a todos‘ los adjudicatarios de obras públicas en el país y a los ‘órganos del Estado‘ encargados de controlarlos y acusó al magistrado de tener ‘preso a un inocente‘.
En la presentación lo acusa de ‘direccionar‘ la causa y reclamó ‘sincerar‘ el objeto de la investigación, ‘si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio‘.
‘Tanto el fiscal como el juez intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades -sin probar nada- que Austral Construcciones habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios. A partir de allí han invocado -también sin probar nada- que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos’, adujo la defensa de Báez. ‘A tal fin será un paso ineludible la investigación a todos los empresarios, como así también a los órganos del Estado que actuaran en la fase ejecutiva y/o de control‘, agregó.
‘Parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos‘, consideró en el escrito.