El detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez rechazó ayer las acusaciones por lavado de dinero que le hizo el juez Sebastián Casanello, mediante un escrito donde dijo que el dinero que se contaba en la financiera conocida como ‘La Rosadita‘ era de la venta de un barrio cerrado en Tortuguitas, al norte del Gran Buenos Aires, por más de 6,6 millones de dólares. Y puso en duda la validez de las grabaciones con ese episodio.
Báez y el también arrestado contador Daniel Pérez Gadín seguirán presos hasta que se resuelvan sus situaciones procesales, ya que el fiscal Guillermo Marijuán y el juez rechazaron sus pedidos de excarcelación, informaron fuentes judiciales. Justamente, también rechazó las imputaciones Pérez Gadín, quien al igual que Báez fue detenido el martes por orden de Casanello, ante la supuesta existencia de ‘riesgos procesales‘, de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Anoche se esperaba que ambos fueran trasladados a la cárcel de Ezeiza, aunque por decisión del Servicio Penitenciario Federal, ambos imputados quedarían alojados en el hospital penitenciario a raíz de las dolencias que manifestaron padecer.
Perez Gadín había pedido la prisión domiciliaria por tener más de 70 años en tanto Báez declaró tener problemas de hipertensión y de diabetes.
Báez, el empresario que se hizo fuerte en Santa Cruz, su hijo Martín y otros tres acusados se negaron a responder preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán. Pero entregaron sendos escritos en los que cuestionaron la validez jurídica de uno de los principales elementos de cargo, la filmación de una cámara de seguridad que muestra a varios imputados contando grandes cantidades de dólares en la financiera SGI, conocida como ‘La Rosadita‘, y que fue difundida por Canal 13.
En el escrito, el empresario amigo de la familia Kirchner aseguró que su empresa Austral Construcciones compró en el 2005 un campo de deportes en Malvinas Argentinas perteneciente al colegio Northlands ‘en la suma de 650.000 dólares’.
Báez explicó que la obra de edificación comenzó en 2008 y terminó en el año 2013, construyéndose 80 unidades en un barrio cerrado con amenities, por cuya venta ’se percibieron desde el 1/8/2008 al 27/1/2012 la suma de USD 6.677.129’.
Añadió que ‘la forma de pago en la mayoría de los casos era al contado al momento de firmar el boleto y, en otros casos, por anticipo y con financiamiento de la parte restante’, justificó.
‘Ello implica que en mi patrimonio y sólo explicando esta operación tenía fondos absolutamente lícitos, de libre disponibilidad’ por la suma citada ‘que justificaría, incluso, el origen lícito de las presuntas sumas que despiertan la atención de V.S.’, dijo el empresario.
Además, Lázaro Báez trató de desligar a su hijo Martín, argumentando no entender el porqué de su imputación. Justamente Martín Báez deslizó que el dinero ‘podría ser ganancia de la actividad como importante empresario‘ de su padre. Tras la presentación del escrito, Martín Báez tuvo que fijar un domicilio de residencia en Capital Federal e informó que vivirá en un departamento de un barrio del norte porteño.
Quien sí aceptó declarar fue el financista Federico Elaskar, exdueño de ‘La Rosadita‘, citado por otros dos hechos relacionados con la causa principal que tiene imputado a Báez.
Cuando el juez Casanello lo interrogó sobre el contenido de la filmación, a propósito de declaraciones públicas en las que había apuntado a Báez y también a la expresidenta Cristina Fernández, Elaskar respondió que no tenía ‘nada para decir‘.