El empresario kirchnerista Lázaro Báez, procesado por lavado de dinero, admitió ayer en la Justicia que su empresa Austral Construcciones SA recibió casi 209 millones de pesos de la firma suiza Helvetic Services Group y aseguró que esa plata era un préstamo para ‘participar en la construcción de las represas de Santa Cruz’.
Según trascendió, en el texto el empresario negó todos los cargos en su contra y apuntó además a su sociedad con la firma Calcaterra, del primo del presidente Mauricio Macri, y disparó contra la empresa Electoingeniería por haberse quedado a través de una ‘licitación irregular’ con la licitación para construir las represas ‘Néstor Kirchner’ y ‘Jorge Cepernic’. Así se desprende de un escrito que Báez -al cumplir un mes detenido- presentó ante el juez Sebastian Casanello, a quien acusó de encabezar una ‘venganza popular’ en su contra, a través de ‘procedimientos inquisitivos’, que implicaron su detención, allanamientos y la incautación de sus bienes, según revelaron fuentes judiciales.
Báez aseguró además que ‘lo están persiguiendo por ser un empresario con plata’ y recordó que ninguno de los jueces que lo investigó en otras causas lo citó a indagatoria, señalaron fuentes.
Distintas versiones indicaban en las últimas horas que Báez podría convertirse ayer en un nuevo arrepentido en la causa por la ‘ruta del dinero k’, tal como lo hizo Leonardo Fariña el 8 de abril pasado cuando -en el rol de imputado colaborador- reveló detalles de las operatorias de su exjefe y el expresidente Néstor Kirchner para hacer negocios con la obra pública. Pero eso no ocurrió: Báez llegó ayer por la mañana al despacho de Casanello, donde entregó el escrito acompañado por sus abogados.
Se quejó porque en la cárcel no le llega correctamente la medicación que necesita para sus problemas de diabetes e hipertensión y luego volvió a prisión.
Fuentes judiciales indicaron que en el escrito Báez se quejó de Casanello por la persecución en su contra, y se quejó por la acusación en su contra del fiscal Guillermo Marijuan.
En su descargo, Báez justificó la legalidad de la operación que se hizo cuando se transfirieron unos $208 millones desde SGI a Helvectic Service Group mediante la adquisición de bonos públicos, que luego se transferían en dólares a Suiza y volvían al país depositados en el patrimonio de Austral.
Báez aseguro que Helvectic era una ‘reconocida’ empresa que les prestó dinero para participar de la licitación para la construcción de las represas del sur en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Austral Construcciones, la empresa Iecsa (del grupo Calcaterra) y una compañía china. Tras recordar que esa licitación la perdieron a manos de Electroingeniería mediante una adjudicación que él consideró ‘irregular’, Báez propuso llamar al resto de los empresarios para que respalden sus dichos.