Luego del anuncio del pago de US$277 millones por el vencimiento y los intereses del bono BP21, tras una frustrada negociación en la que buscaba diferir ese desembolso, el gobierno bonaerense comunicó que postergará el pago de un aumento a los docentes bonaerenses debido "a la situación financiera sumamente compleja de la provincia".
Esa suma, que la provincia se comprometió a pagar en marzo, corresponde a la aplicación de la cláusula gatillo sobre el aguinaldo -no el salario- de diciembre.
La oposición no tardó en remarcar la contradicción entre el trato a los bonistas y los maestros bonaerenses del gobierno de Axel Kicillof y, por la misma vía, la falta de reacción de los gremios provinciales.
Los gremios salieron al ruedo con un comunicado. El Frente de Unidad Docente bonaerense respondió que ya se encuentra "realizando el correspondiente reclamo". Por su parte, Roberto Baradel, titular del Suteba, señaló que su gremio "demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes".
"Aun sabiendo que [María Eugenia] Vidal dejó una provincia devastada, para el Suteba el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad", agregó Baradel.
La paritaria docente de 2019 incluyó una cláusula gatillo trimestral de acuerdo con la inflación. Mañana, entonces, los docentes bonaerenses cobrarán sus salarios correspondientes a enero, pero con un aumento que no contempla el margen inflacionario del aguinaldo.
Quien también salió al cruce de Kicillof fue el exministro de Economía de la provincia Hernán Lacunza, que utilizó su cuenta de Twitter para responder las críticas que el gobernador lanzó sobre Vidal al anunciar el pago a los bonistas. Kicillof afirmó que su antecesora dejó "una situación de insostenibilidad de la deuda, con vencimientos y montos que la hacen impagable".
Si bien Lacunza consideró que evitar el default fue una decisión "correcta", criticó varios puntos de la estrategia de Kicillof, sobre todo por generar una "incertidumbre innecesaria" que puede afectar el proceso de reestructuración de la deuda que encabeza la Nación.
Lacunza, que también fue ministro de Hacienda de la Nación sobre el final del mandato de Mauricio Macri, consideró que "el default es un recurso de última instancia, no de primera, ni siquiera intermedia; más aún por montos bajos". Por ese motivo, dijo que la decisión final de Kicillof fue acertada. Caer en cesación de pagos, escribió el economista, "es lo más costoso para todos, especialmente para los pobres".
Por otro lado, Lacunza polemizó con el gobernador al señalar que "los recursos no salieron de la emisión de letras por $9300 millones el viernes 31 de enero, ya que esa semana vencieron letras por montos similares", y aseguró: "Fue una renovación, no dinero fresco".
Agregó que la provincia no debe enfrentar "vencimientos significativos" hasta mediados de año, lo que facilita cierta "secuencia lógica: primero Nación, después provincia".
"Hoy, la provincia no tiene crédito porque la Nación no lo tiene. Ya que su deuda es relativamente baja (9% del producto) y tiene superávit primario (al menos entre 2017 y 2019), cuando la Nación normalice su situación financiera, automáticamente las provincias también", dijo.
Por último, consideró que la provincia necesita recuperar el crédito hacia adelante, "en base a la normalización de la Nación y la confianza que inspiren sus políticas". Y lanzó una advertencia final sobre la estrategia del gobernador bonaerense: "Ninguna provincia en el mundo puede vivir pagando cash todos sus vencimientos, aunque sean bajos, como el de esta semana".