El oficialismo consiguió ayer en el Senado nacional, tras casi seis horas de debate, aprobar y girar a la Cámara de Diputados la reforma integral del Código Procesal Penal remitido por el Gobierno, al que le fueron aplicadas 42 modificaciones durante el tratamiento en comisiones.

El proyecto fue aprobado por 39 votos afirmativos, integrados por el oficialismo y aliados, más la sorpresa del peronista pampeano Carlos Verna -argumentó que cuando era gobernador impulsó una reforma similar- y los representantes del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra y Carmen Crexell. En tanto, hubo 24 votos negativos, mientras que el senador Carlos Menem volvió al recinto tras casi un año de ausencia, pero no estuvo en su banca al momento de la votación, aunque sí ayudó con el quórum.

El nuevo Código Procesal Penal reemplaza el actual sistema de justicia ‘inquisitivo’ por uno ‘acusatorio’, en el que la investigación preparatoria estará a cargo de los fiscales; mientras el juez pasa a actuar como garante del proceso y a dictar las sentencias. En el proyecto, que obtuvo media sanción, se destaca la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia. También incluye el decomiso a favor del Estado nacional de objetos o ganancias que son fruto del narcotráfico. Luego de eliminar la ‘conmoción social’ como un agravante para dictar la prisión preventiva del acusado, los senadores ajustaron las facultades que poseía el Ministerio Público Fiscal para distribuir a los fiscales en las diversas causas. El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación podrán compensar la distribución de las causas existentes entre las Fiscalías y Defensorías ante cada Cámara ‘mediante un sorteo’.

La investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado. Todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años. Los fiscales podrán decidir qué delitos investigar. Sin embargo, el nuevo Código los obliga a investigar las causas contra funcionarios cuando se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo o episodios de violencia doméstica o discriminación. Se elimina el juicio por expediente y se establece, en su lugar, la audiencia oral y pública como el escenario para desarrollar el juicio y aplicar la sentencia.

Se incorporó como condición para considerar peligro de fuga ‘la constatación de detenciones previas‘ y la ‘declaración de reincidencia por delitos dolosos‘, que en la práctica significa un cerrojo para evitar ‘puertas giratorias‘, dado que el juez podrá tener en cuenta la existencia de causas pendientes a la hora de dictaminar que un detenido siga preso. El senador oficialista Aníbal Fernández destacó que este proyecto supone ‘un juzgamiento ágil y eficiente’. El senador radical, Ernesto Sanz, dijo que ‘el problema que tiene la Justicia pasa por su dependencia del poder’. Como ya es habitual en las sesiones que preside Amado Boudou, senadores opositores volvieron a plantear cuestiones de privilegio contra el vicepresidente y reclamar que dé un paso al costado hasta que se esclarezca su situación judicial. Fuentes: Télam y DyN