En su primera sesión 2023, la Cámara de Diputados aprobó ayer por amplia mayoría y giró en revisión al Senado, en una sesión especial, el proyecto para fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que provocan una ola de violencia en la ciudad de Rosario.
La iniciativa crea 50 nuevos cargos judiciales: 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial; un refuerzo a mediano plazo ya que designar tantos funcionarios judiciales acarrea todo un proceso administrativo que llevará tiempo. Según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal es de $ 1.106 millones por año.
La ley se aprobó con un contundente apoyo político, ya que cosechó 214 votos aportados por el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), Provincias Unidas, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza y Avanza la Libertad, mientras que hubo cuatro abstenciones de la izquierda.
Tras la aprobación, el plenario se disponía a aprobar el proyecto que crea un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un sistema cambiario específico para aquellos ciudadanos que cobran hasta un tope de 30 mil dólares anuales.
El proyecto de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe fue abierto por el diputado del FdT, Roberto Mirabella, quien al defender el dictamen de mayoría señaló que la iniciativa "es una señal política de todo el Congreso Nacional, para unir fuerzas" y "estar todos juntos para combatir un delito como es el narcotráfico y la narcocriminalidad".
Dijo que la implementación del sistema acusatorio "es un salto cualitativo" para la provincia pues "sólo se aplica en Salta y Jujuy y es muy satisfactorio".
Mirabella explicó detalles del proyecto de su autoría, que crea 27 fiscalías federales (15 en Rosario), nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
Mirabella dijo que el sistema acusatorio permite que "los tiempos procesales se acorten tremendamente: de 5 a 6 años a un año", y manifestó que "es un sistema que, además, hace a la calidad del gobierno democrático".
El proyecto tiene la particularidad de que fue presentado en conjunto por los 19 diputados de Santa Fe, de distintas fuerzas políticas. Estaba cajoneado desde mayo del año pasado, pero el ataque al supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi hizo que el oficialismo encendiera las alarmas y lo reflotara.
"Según la Procunar, se tramita en Santa Fe el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional", planteó el diputado santafesino Roberto Mirabella (Frente de Todos), uno de los principales autores del proyecto.
Tanto él como varios legisladores de la oposición reclamaron la implementación del Código Procesal Penal, frenado en el Senado, donde la comisión bicameral que lo debe tratar ni siquiera se constituyó. La Cámara Alta también tiene pendiente la aprobación de tres pliegos de funcionarios judiciales designados para esa provincia.
"Por una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner hace tres años que el sistema acusatorio no se implementa en Santa Fe, beneficiando a los delincuentes y narcos por sobre los santafesinos", lanzó el santafesino del Pro, Federico Angelini.
Fracaso por los bonos en dólares
La oposición de Diputados fracasó ayer en su intento de debatir en el recinto los proyectos que plantean derogar los decretos que establecieron el canje de los bonos en dólares por nuevos títulos en pesos. El planteo fue formulado por el jefe del bloque radical, Mario Negri, quien pidió un apartamiento del reglamento para que se pongan en consideración en el recinto los proyectos que plantean derogar los decretos que pesifican la cartera en dólares de la Anses. La votación a mano alzada no logró el apoyo de los tres cuartos de los votos.