La crisis de seguridad en Rosario se convertirá por estos días en uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados argentina, con el intento de dictaminar el miércoles sobre un proyecto consensuado entre los legisladores de Santa Fe para fortalecer la Justicia y tener más herramientas para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Además, el jueves se presentará ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a pedido de las bancadas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), para presentar un informe sobre la situación que se vive en Rosario, Santa Fe.
La actividad del miércoles arrancará a las 11 cuando se reúna el plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal -que presiden Rodolfo Tailhade (FdT) y María Luján Rey (JxC)- para tratar el proyecto que busca apuntalar a la Justicia de Santa Fe.
Los diputados analizarán el proyecto diseñado por el santafesino Roberto Mirabella (FdT) y respaldado por los legisladores de esa provincia que busca crear 13 cargos de fiscal federal, cuatro defensorías y seis juzgados federales.
También crea seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.
La convocatoria se efectuó luego de que el frente de un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera baleado en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que dispararon 14 balazos y, además, dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina de fútbol campeona en el Mundial de Qatar.
Será la primera vez que se pueda tratar desde noviembre un proyecto que tiene un alto grado de consenso, ya que la puja entre el FdT y JxC ha dificultado la actividad parlamentaria desde ese mes.
Ambas coaliciones se enfrentaron primero por la integración del Consejo de la Magistratura, y este verano, las diferencias se profundizaron cuando el presidente Alberto Fernández, junto a mandatarios provinciales, decidió impulsar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).
La principal coalición opositora intentó boicotear las sesiones extraordinarias y el oficialismo pudo impedir que esto suceda recién el martes pasado, cuando logró junto con los diputados provinciales, Interbloque Federal y la izquierda, reunir el quórum para hacer una sesión especial, aprobar la moratoria previsional y la digitalización de las historias clínicas.
De todos modos, en JxC está perdiendo fuerza la decisión de trabar la actividad parlamentaria y ya son muchos los diputados que quieren normalizar la tarea del Congreso, ya sea para impulsar proyectos propios o pedir la citación de funcionarios.
El primer entendimiento se vislumbró el mismo martes, cuando se acordó entre los diputados del FdT y JxC convocar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, luego de un pedido formulado por el legislador radical Juan Martín.
Si bien el oficialismo no aceptó el pedido de interpelación a Fernández, se consensuó con la oposición que el ministro concurra a exponer ante la Comisión de Seguridad Interior, que preside el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez.
En la ocasión, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, reconoció como necesario que exponga Fernández en la Cámara Baja.
"Tenemos un punto de coincidencia en la relevancia que tiene este tema. Yo vivo en Rosario y estamos buscando las soluciones", afirmó Martínez.