La Corte Suprema de Justicia dio este jueves por terminada la discusión sobre quién debía analizar los teléfonos y equipos electrónicos secuestrados a Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario en la causa por la muerte de fiscal Alberto Nisman. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, por unanimidad, el máximo tribunal rechazó un recurso de queja de la defensa del perito informático que impugnaba que fuera el fiscal Eduardo Taiano, en vez del juez Julián Ercolini, el que analizara y seleccionara la prueba de lo que se encontrara en esos elementos secuestrados.
De esta manera, los jueces de la Corte Suprema dejaron firme la resolución del juez federal Julián Ercolini, que en diciembre de 2019 dispuso que el fiscal Eduardo Taiano tenga a su cargo la tarea de seleccionar, analizar e incorporar los elementos de prueba que pudieran hallarse en los aparatos y/o dispositivos electrónicos secuestrados en la investigación. La decisión ya había sido avalada por la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara de Casación Federal.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, se trataba de una notebook y un teléfono de Lagomarsino, junto a un dispositivo del hijo del perito informático. También se secuestraron computadoras de los padres de Lagomarsino, en el marco de otro allanamiento. La defensa resaltaba que esos procedimientos se habían hecho dos años después de la muerte de Nisman y que además la fiscalía iba a tener acceso a los mensajes del perito informático y su defensa. Por eso pedían que fuera el juez el que seleccionara la información.
La Corte Suprema entendió que había que desestimar la presentación de Lagomarsino por considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. El fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horario Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti. En la misma resolución también se intimó a hacer efectivo el depósito para llegar a la instancia del máximo tribunal, “bajo apercibimiento de ejecución”.
“Tuvimos que llegar a la Corte para que escuchen nuestro reclamo: que el juez sea quien vea la info de mi celular que tenía en uso en Nov 2017. El de 2015 lo entregué en mi testimonial el 19 de enero de 2015 y se analizó”, había escrito días atrás Lagomarsino en su cuenta de Twitter. ”Pedimos lo mismo que la querella pidió cuando analizaron el celular de Nisman y la juez, con criterio de normativa, dio a lugar. Pero para algunos los derechos no son para todos por igual. Me consta lo que mienten en las notas. Tengo pruebas de ello”.
El juez federal Julián Ercolini procesó a fines de 2017 a Diego Lagomarsino, el perito tecnológico que trabaja para Nisman, como partícipe necesario del delito de homicidio. Lagomarsino fue quien le llevó la noche del sábado 17 de enero de 2015 al fiscal una pistola Bersa calibre 22. De esa arma salió el tiro que terminó con su vida. También fueron procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro custodios de la Policía Federal que tenía Nisman.
Lagomarsino fue una de las últimas personas que vio con vida a Nisman y siempre expresó su inocencia: dijo públicamente y en la Justicia que llevó el arma por pedido del fiscal. Según aseguró, Nisman le había dicho que temía que “algún loquito” lo agrediera y quería estar protegido. En su indagatoria, Lagomarsino calificó su relación con Nisman como de “amo-esclavo”. Dijo que el fiscal lo llamaba varias veces por día y que nunca podía decirle que no a nada que le pidiera.
Cuando la Cámara Federal revisó los procesamientos de los cuatro custodios de Nisman (de Lagomarsino no, porque no apeló), habló de un homicidio: “Nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar prima facie que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”.
Precisamente, Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus colaboradores y funcionarios por lo que entendió era un plan de encubrimiento para los iraníes acusados de haber volado la mutual judía, a través de la firma del Pacto con Irán. Precisamente, la hoy vicepresidenta y el resto de los acusados están reclamando al Tribunal Oral Federal 8 la nulidad de esa causa por las reuniones que tuvo el ex presidente Mauricio Macri con dos jueces de Casación que ordenaron reabrir la denuncia de Nisman -cuando ya había sido cerrada- y también pidiendo el cierre de la investigación por inexistencia de delito.
El juez y el fiscal ordenaron el allanamiento de la vivienda del informático en 2017 y en ese momento se llevaron el nuevo celular y dos computadoras. Lo que ocurrió después fue previsible: los hombres de Comodoro Py querían peritar ese celular, pero los abogados de Lagomarsino argumentaron que sólo el juez debe tener acceso al contenido porque incluye, por ejemplo, los mensajes entre Lagomarsino y sus abogados. O sea, se violaría la confidencialidad de las comunicaciones entre el imputado y sus defensores. Y, además, hay contenidos que son personales y que no tienen nada que ver con la causa. Por eso, la defensa del informático –Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro– reclama que ni los peritos ni el fiscal tengan acceso a cuestiones sin vínculo con el caso. El litigio llegó hace un año a la Corte Suprema que, escandalosamente, se demora todo este tiempo en resolver algo que parece elemental. Por supuesto, ante la falta de evidencias, los grandes medios afirman –sin contar los detalles– que Lagomarsino esconde pruebas en su celular.