El caso de los inmuebles de propiedad del juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, usados presuntamente como prostíbulos, se reactivó ayer y desató un revuelo político. Por un lado, aumentó la presión para que el magistrado renuncie, y por otro, se abrió una puerta para que el Congreso se haga eco del escándalo.
Hoy, entrará un pedido para que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cite al magistrado para que dé explicaciones sobre la denuncia que hiciera un organismo humanitario. También trascendió que la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la duhaldista Graciela Camaño, solicitará la presencia de Zaffaroni para que aclare el hecho que se le imputa públicamente.
En tanto, el candidato presidencial de la UCR, Ricardo Alfonsín, se sumó ayer a quienes reclaman que Zaffaroni deje su cargo en el máximo tribunal argentino.
“La Comisión de Juicio Político es la encargada de evaluar el desempeño de los jueces de la Corte. Mañana nos reuniremos para ver si se avanza en un pedido para que se analice si (Zaffaroni) incumplió sus deberes de funcionario”, aseguró el diputado Jorge Triaca, integrante de ese cuerpo.
En declaraciones al canal de televisión C5N, el legislador conservador sostuvo que las explicaciones que ha dado el juez “distan de ser satisfactorias” y recordó que la denuncia en su contra “roza la actividad de trata de blancas y viola la ley de profilaxis”.
“Acá lo importante es ver si en alguna medida ha participado en la comisión de un delito, y si lo ha hecho cuáles son sus responsabilidades y si eso es motivo de remoción”, subrayó.
Ricardo Alfonsín, por su parte, se adhirió al pedido del titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, quien reclamó que Eugenio Zaffaroni deje su cargo.
“Es algo que me ha sorprendido. Es una persona por la que siento Respeto”, dijo en declaraciones radiales el candidato presidencial, al tiempo que reclamó que “tiene que quedar muy claro lo que pasó” con la denuncia.
“Frente al papelón, aunque no hubiera delito, Zaffaroni debería renunciar”, afirmó antes de agregar que “este gran escándalo afecta la majestad de la Justicia” y “tiene que ser investigado”.
En un comunicado que publicó el domingo pasado en el diario Clarín, el juez supremo reconoció la existencia de prostíbulos en algunas de las 15 propiedades que renta en Buenos Aires y aseguró que las recuperará “por las buenas o mediante el desalojo” de sus inquilinos.
Zaffaroni admitió que en cuatro de sus inmuebles funcionan prostíbulos y que está verificando los restantes.
El escándalo estalló hace unos días cuando la organización humanitaria La Alameda denunció ante la Procuración General de la Nación la existencia de prostíbulos en los que trabajan en su mayoría mujeres paraguayas y dominicanas en tres propiedades de Zaffaroni.
Gustavo Vera, titular de la organización, adelantó que hoy se presentará ante la Procuración General para ampliar la denuncia porque su ONG verificó que en otros tres inmuebles de Zaffaroni también se ejerce esa actividad.
Al intentar desmarcarse del escándalo, Zaffaroni argumentó que no administra sus propiedades de forma personal sino que tiene un apoderado y una inmobiliaria que los renta, además de considerarse una víctima del “amarillismo”.