La protesta por salarios de los suboficiales de Prefectura y Gendarmería se profundizó ayer y obligó al Gobierno a retrotraer los recortes de sueldos y a echar a las cúpulas de ambas fuerzas, pero los uniformados decidieron seguir en la calle hasta que se satisfaga una serie de reclamos, entre ellos un haber mínimo de siete mil pesos.
Anoche, las nuevas autoridades de ambas fuerzas se reunieron con los cabecillas de la protesta para poner fin al conflicto pero fracasaron en su intento.
La demanda extendida por distintos puntos del país, incluida la provincia de San Juan, y que contó además con la adhesión de algunos miembros de la Armada y de la Policía Federal, mantuvo en deliberación permanente al Gobierno de Cristina Fernández.
La Presidenta recién se mostró en público pasada las 19 para recibir a su par el El Líbano, y aunque habló, no se refirió a la crisis con las fuerzas de seguridad.
A las 11 el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, informó que se resolvió suspender por un mes la aplicación del decreto que derivó en el recorte salarial de entre 30 y 60%; pagar los haberes con los mismos valores del mes pasado, y revisar los ‘errores’ en las liquidaciones caso por caso.
Abal Medina aseguró que existen ‘serias sospechas‘ de que, con la incorrecta liquidación de los haberes, los que más ganan dentro de la Prefectura pretendieron ‘usar a los de más abajo como carne de maniobra‘ para ‘mantener el privilegio de cobrar 70, 80, 90 o 100 mil pesos todos los meses‘.
En este sentido, garantizó que el Gobierno nacional investigará ‘fuertemente por qué ocurrieron estas anomalías‘, para lo cual inició ‘acciones internas‘ y probablemente también externas ‘para determinar quiénes han sido los
responsables de esto y si fue por problemas administrativos o buscando generar un caos‘.
Pese a la marcha atrás por 30 días del decreto que pretende reordenar los salarios tras un fallo de la Corte Suprema, la protesta seguía en pie. Los agentes, vestidos con sus uniformes y sin armas, hicieron sonar silbatos y redoblantes en la puerta de sus respectivas sedes regionales
Con el correr de las horas, y ante la desobediencia de prefectos y gendarmes a la cadena de mandos, el Gobierno debió echar a la cúpula de ambas fuerzas, junto a otros jefes, pero la medida tampoco satisfizo a los efectivos. Hacia la noche se leyó un petitorio que agrupaba a los uniformados, donde se reclamó además el pago de un plus por zona de riesgo desde que colaboran en la lucha de la inseguridad en el conurbano, la cobertura por accidentes de trabajo a través de una ART, la libre elección de una obra social y la garantía de que no habrá sanciones por participar de la protesta.