Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy el proyecto para pagar las sentencias y reajustes por haberes mal liquidados a los jubilados, que será solventado con los intereses por el blanqueo de capitales y la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el oficialismo aspira a votar el próximo 15 de junio.
Hoy se abrirá la discusión del proyecto de reparación histórica para jubilados y pensionados con un informe que brindarán, desde las 13, ante los diputados, los titulares de la Anses, Emilio Basavilbaso; de la AFIP, Alberto Abad; el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de coordinación interministerial, Mario Quintana.
La intención del oficialismo es discutir esta semana y la próxima la iniciativa a nivel de comisiones y emitir el dictamen correspondiente y poder sancionar este mega proyecto en una sesión que se realizará el 15 de junio, según informaron fuentes del interbloque Cambiemos.
Desde la coalición gubernamental se confía en contar con el respaldo de otras bancadas para poder sancionar el proyecto ya que Cambiemos sólo cuenta con unos 90 legisladores.
El oficialismo espera tener el respaldo del Frente Renovador y de diputados de un sector del peronismo que responda a los gobernadores. Incluso el Frente para la Victoria-PJ apoyará la iniciativa según adelantó el presidente del justicialismo, el sanjuanino José Luis Gioja. En cambio, el oficialismo cree que no contará con el respaldo del cristinismo duro -donde milita la agrupación La Cámpora-, que rechaza la iniciativa con el argumento que se desfinanciará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se opone a habilitar la posibilidad que el Estado se desprenda de algunas acciones en empresas privadas.
El proyecto establece la emergencia previsional en materia de litigiosidad por 3 años que se puede prorrogar por otros 3 años, con el fin de pagar sentencias judiciales y reajuste de haberes. Para ello se crea el Programa Nacional de Reparación Histórico para Jubilados y Pensionados, que por medio de la Anses firmará acuerdos con cada beneficiario al cual le corresponda cobrar por tener una sentencia, que deberá ser homologado ante el Poder Judicial.
El pago se realizará mediante la cancelación del 50% de las deudas por juicios previsionales en una cuota y la otra mitad en doce cuotas trimestrales, las que serán actualizadas hasta la fecha de efectivo pago, con los mismos incrementos que se otorguen por movilidad. Además establece que para el pago a los jubilados se dará prioridad a las personas mayores de ochenta (80) años y a aquellas que padezcan una enfermedad terminal.
Para pagar estas sentencias el gobierno utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos, es decir las acciones en manos del Estado en empresas privadas.
Además establece que los recursos de este fondo se podrán utilizar al pago de la diferencia por los reajustes de haberes que se deberán abonar a la clase pasiva.
Bienes Personales
El proyecto enviado al Congreso propone volver a introducir en la estructura del impuesto la figura del mínimo no imponible para los años 2016, 2017 y 2018, estableciendo en $800.000, $950.000 y $1.050.000, respectivamente, el importe a partir del cual las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo comiencen a tributar. En consonancia se propone modificar gradualmente la alícuota del gravamen de la siguiente forma: 0,75%, 0,50% y 0,25%, para los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Finalmente se propicia la derogación de este impuesto para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2019.
Los artículos 60 y 63 del proyecto determinan que ‘quienes hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes‘ a los dos últimos períodos fiscales, ‘no‘ hayan adherido a blanqueos ni a planes de pago, no tengan tampoco ‘deudas en condiciones de ser ejecutadas‘ ni hayan sido ni ejecutados ni condenados por defraudación fiscal ‘gozarán de la exención del Impuesto a los Bienes Personales por los periodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive‘.