La dinámica del empleo público argentino, según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), destaca que de 42 trabajadores públicos cada 100 asalariados privados en 2012, se pasó a 55 en la actualidad.
El informe señala que desde el año 2013 hasta 2017 se observó una variación interanual positiva del empleo público, mayor a la variación total de empleo.
Sin embargo, con la crisis de 2018 y para el año 2019, el empleo público retomó una tendencia alcista y volvió a mostrar un crecimiento sostenido, sumado a que las demás categorías por fuera del sector público destruían puestos de trabajo.
Cabe señalar que, si bien el crecimiento del empleo público disminuye a partir de 2016, nunca dejó de crecer salvo un corto lapso en el año 2018. Así, se pasó de contabilizar 2.712.800 empleos públicos en el año 2012 a alcanzar los 3.213.000 en el año 2020, equivalente a un crecimiento del 26% de la planta en el lapso de los últimos 8 años y a 665.000 nuevos empleos en la esfera estatal.
El estudio realizado por IARAF, muestra que en ese lapso de tiempo, los asalariados públicos aumentaron su importancia relativa en el empleo registrado total, pasando de un 23,4% en 2012 a representar un 27,3% en abril 2020.
Al mismo tiempo, en 2012 los trabajadores privados registrados contabilizaron 6.068.500 trabajadores y fueron equivalentes al 55,7% del empleo registrado total del país.
Las recurrentes crisis de los últimos años hicieron que el grupo de trabajadores registrados pierda participación en el empleo total, hasta llegar a abril 2020 con un total de 5.807.200 trabajadores (261.000 menos que en 2012) y una participación del 49,3% en el total.
Además, ahora se suma la pandemia, cuarentena y la crisis económica que están causando la destrucción de puestos de trabajo en todo el país. A raíz de esto, en el mes de abril el empleo público creció un 0,9% interanual, mientras que todas las demás categorías ocupacionales mostraron una contracción significativa.
“Es esperable que en un contexto de crisis haya un incremento de trabajadores públicos para reforzar y mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para hacer frente a la pandemia”, concluye el informe de IARAF.