El Gobierno impulsa la sanción de una ley que frene la excarcelación de homicidas y violadores, luego del crimen de Micaela García a manos de presos con salidas transitorias, y para ello intenta lograr el apoyo de los jueces o la renuncia de quienes no acuerden con ese principio.
A partir de hoy, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzará a debatir el nuevo régimen de excarcelaciones, ya con media sanción de Diputados, por la cual se endurece el sistema, prohibiendo el régimen de semi-detención o de salidas transitorias en imputados por delitos de homicidio, de índole sexual y robo con armas, entre otros.
El nuevo régimen suplirá al que impera en la Justicia desde 1996.
El proyecto tiene el aval de todos los partidos, de tal manera que el miércoles 19 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión con las autoridades de la Cámara y con referentes de los diversos bloques para acelerar la sanción de la ley.
El apuro por debatir un asunto que duerme en el Senado desde fines de noviembre de 2016 tiene sus raíces en el crimen de Micaela García (21), a manos de Sebastián Wagner (30), quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir sólo dos años, de su condena de nueve, por dos violaciones.
El proyecto que se pondrá a discusión prohíbe las salidas transitorias y los regímenes de semi-libertad a imputados por homicidio simple, homicidio agravado por el vínculo, por odio racial, por crear un peligro común, en concurso de dos o más personas, a miembros de fuerzas de seguridad, por violencia de género o para causar sufrimiento a un tercero.
También están incluidos en la lista todos los delitos contra la integridad sexual, tanto a mayores como a menores, y la violación seguida de muerte, además del robo con armas cometido en poblado y en banda. Tampoco podrán gozar de un régimen de excarcelación anticipada quienes hayan sido condenados por tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, sometimiento a situación de esclavitud, terrorismo, delitos contra el orden financiero, el narcotráfico y delitos aduaneros.
Están excluidos del régimen de salidas transitorias quienes posean una causa abierta y los reincidentes.
El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.
Las decisiones para la progresividad del régimen penitenciario serán tomadas por el responsable técnico-criminológico del establecimiento, el director del lugar y el director del régimen correccional.
El juez de ejecución penal deberá tomar en cuenta cada uno de los informes, que serán vinculantes con la decisión de iniciar al reo en el régimen de salidas anticipadas.
La víctima, además, debe ser informada y expresar su opinión cuando se decidan las salidas transitorias del imputado, mientras que el juez que haga caso omiso de ello incurrirá en ‘falta grave‘.
Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben seguir en la cárcel. Para poder ingresar en un régimen de ‘pre-socialización‘, el interno deberán poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.
El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.
Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario. En tanto, los condenados por delitos que ahora están excluidos del régimen de semi libertad tendrán que ser ingresados a un Régimen Preparatorio de Liberación un tiempo prudencial previo a cumplir su condena.
Finalmente, el proyecto de ley prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas.