El desplazado titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar ‘Caballo‘ Suárez, quedó detenido ayer al ser procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita formada para coaccionar a empresas martítimas y defraudar por sumas millonarias a los afiliados al gremio que condujo durante 28 años.

El dirigente sindical permanecía detenido en la Alcaidía de los Tribunales Federales de Comodoro Py, a la espera de ser trasladado al penal de Marcos Paz.

La decisión de procesar y ordenar la detención de Suárez fue tomada por el juez federal Canicoba Corral al ampliar el procesamiento del sindicalista cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó como ‘jefe u organizador de asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción‘. Además, embargó sus bienes por 10 millones de pesos y le dictó la prisión preventiva por entender que mantiene influencia en el SOMU y que habría sustraído pruebas tras la intervención ordenada por el juez, según el fallo de 120 carillas al que accedió Télam.

La orden de captura fue cursada el lunes al jefe de la Policía Federal pero Suárez se presentó por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 junto a su defensa y allí se lo detuvo, se cumplieron los trámites de rigor y se ordenó su traslado provisorio a la comisaría 23 del barrio porteño de Palermo, dado que allí se encontraba vigente una orden de captura en su contra.

El juez procesó además sin prisión preventiva como miembros de esa asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción a otros nueve acusados, entre ellos el extesorero del SOMU, Juan Manuel Medina.

‘No quedan dudas a esta altura de la investigación que del análisis del vasto caudal probatorio, empero fundamentalmente por los testimonios que dan cuenta de que Enrique Omar Suárez era quien impartía todas las directivas en el gremio, que lo manejaba unilateralmente y a su discreción, más los cargos de máxima jerarquía que ocupaba, de que el nombrado ha comandado la asociación y ejercido efectivamente el poder sobre el resto de los demás miembros del conglomerado, quienes aceptaron su liderazgo‘, sostuvo el juez en el fallo.

El sindicalista está acusado de montar una ‘banda‘ para exigir grandes sumas de dinero a empresas marítimas extranjeras a cambio de no obstaculizar su ingreso a los puertos argentinos y otorgarle el llamado ‘waiver‘, un permiso para operar con las mismas normas que los barcos nacionales.

Según documentación en la causa, entre 2010 y 2011 ingresaron a la empresa investigada, San Jorge Martíma, unos cinco millones de dólares ‘en concepto de capacitación‘. Este dinero se pedía con la excusa de capacitar marineros para operar esas embarcaciones, pero para la Justicia era desviado a una fundación del SOMU y desde allí a una empresa vinculada a los acusados, San Jorge Marítima S.A, desde donde ‘se desviaba el dinero‘ en perjuicio de los afiliados al gremio.

‘Tenía un ejército de choque y amenazaba de las formas que se puedan imaginar a las empresas. Si no le daban lo que él quería -a veces era dinero, a veces era un buque, a veces era un camión- no los dejaba operar. Fundamentalmente con la operatoria de los remolcadores‘, detalló la diputada nacional de Cambiemos, Gladys González, actual interventora de SOMU.