Organizaciones sociales, que ayer cortaron distintos puntos del país en reclamo de la aplicación de la ley de Emergencia Social, decidieron ‘levantar‘ la medida de fuerza ante el compromiso del Gobierno nacional de implementarla ‘de inmediato‘.
Pese a ello, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertó que hay una ‘decisión política‘ de algunos grupos de poner al Gobierno ‘en jaque permanentemente‘ con manifestaciones. Mientras que, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que ‘hay sectores que necesitan que fracase el cambio, empezando por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner‘.
En tanto, el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, afirmó ayer que ‘se levantó la medida porque se comunicaron funcionarios del ministerio de Desarrollo Social y nos dijeron que van a rever la postura. Se comprometieron a implementar la ley (de Emergencia Social) de manera inmediata, para que 400 mil familias puedan acceder al salario social‘, señaló Menéndez a la agencia de noticias DyN.
Según el Gobierno, se desplegaron un total de 2.000 efectivos de fuerzas de seguridad.
En tanto, precisó que el compromiso formal va a ‘demorar unos días‘, por lo que les acercarán la propuesta ‘los primeros días de la semana que viene‘, y afirmó: ‘No realizaremos más medidas de fuerza porque creemos en la palabra‘.
El 15 de diciembre de 2016, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional Nº 27.345 de Emergencia Pública, pero pese a los insistentes pedidos de las organizaciones sociales no se promulgó hasta el 9 de marzo del presente año, mediante el Decreto 159/2017.
La Ley extiende la emergencia social hasta 2019, asegura un fondo de 30 mil millones de pesos para los trabajadores de la economía social y crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario y el Registro de Trabajadores de la Economía Popular.
La jornada nacional de protesta de los movimientos sociales, en reclamo de la implementación ‘inmediata‘ de la ley de emergencia social, se desarrolló ayer con cortes de autopistas y calles del país y la instalación de ollas populares.
La jornada con piquetes fue impulsada por el triunvirato piquetero conformado por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), a las que se sumaron más de 40 organizaciones en todo el país.
La protesta comenzó a las 7 con un corte total en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, por parte de militantes del Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional y la Izquierda Latinoamericana Socialista.
‘Exigimos que se aplique de manera inmediata la ley de Emergencia, se garantice la creación de cientos de miles de puestos de trabajo como estipula la ley y se avance con el salario social complementario para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y se garanticen la obra social, la ART, el aguinaldo, la licencia y el seguro de vida‘, pidieron las organizaciones.
Hacia media mañana, los cortes e instalación de ollas populares comenzaron a multiplicarse en distintos puntos como el Puente Pueyrredón, Puente La Noria, la Autopista Buenos Aires-La Plata, la zona de la quinta presidencial de Olivos y en distintos puntos del país. Se desplegaron 2.000 efectivos.
Los integrantes de movimientos sociales que acamparon desde el martes pasado sobre la avenida 9 de Julio y ayer trasladaron la protesta al cruce de Avenida de Mayo y Piedras, levantaron la medida. DyN y Télam
Iglesia: preocupación por docentes
La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyó ayer dos días de deliberaciones, en los que los obispos compartieron sus preocupaciones por la situación de la educación y el conflicto docente, como así también por las amenazas recibidas en el último tiempo por sacerdotes y referentes sociales por sus denuncias contra el narcotráfico.
Así lo expresó ayer al mediodía el Episcopado a través de un comunicado de prensa, en el que consignó que, presididos por monseñor José María Arancedo, la veintena de obispos que integra la comisión había finalizado su habitual intercambio pastoral, en el que surgieron preocupaciones como la ‘situación de la educación y el conflicto docente’.
Si bien los obispos decidieron concluir el encuentro sin la difusión de una declaración, varios prelados se manifestaron públicamente -con variados matices- sobre el tema docente que, desde el inicio del ciclo lectivo, afecta el normal dictado de clases en distintas provincias y que está signado por la realización de un nuevo paro nacional de 48 horas convocado por CTERA.
Otro tema que surgió en el intercambio entre los obispos fue la preocupación compartida por la situación del narcotráfico y las amenazas que recibieron últimamente sacerdotes y referentes sociales vinculados a la lucha contra esa problemática.
De hecho, en las últimas horas, el obispado de Merlo-Moreno decidió el traslado del sacerdote Eduardo Farrel -hasta ahora párroco del Sagrado Corazón de Moreno- para preservar su integridad física ante las ‘reiteradas amenazas e intimidaciones‘ que sufrió desde diciembre pasado, tras haber brindado una misa en homenaje a un militante social asesinado en Moreno.
En tanto, ayer la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo perteneciente a la CEA, advirtió que la situación del cura Farrel ‘no es un caso aislado’ y aseguró que, ‘en otros lugares del país, se viven situaciones similares aunque muchas no se den a conocer por miedo a las consecuencias de la denuncia’.
En la ciudad correntina de Itati, donde el martes pasado fueron detenidos el intendente y el vice junto con el jefe de la policía local por su presunta vinculación con el narcotráfico, la Iglesia venía denunciando hace tiempo las conexiones con la política y el rector de la basílica Gustavo Cadenini también tuvo que irse por los aprietes narco.
Según informó la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, otros temas analizados durante estos días fueron los casos de abusos por parte de sacerdotes, para lo cual la comisión episcopal de ministerios presentó una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, a tono con la ‘tolerancia cero’ que impulsa el papa Francisco para estos casos.
Fuente: Télam
Acatamiento de ‘90 por ciento’
Los gremios docentes con representación federal iniciaron ayer un paro de 48 horas en reclamo de la paritaria federal. CTERA aseguró ayer que el primer día de huelga para exigir discutir salarios en el marco de la paritaria tuvo un acatamiento de ‘90 por ciento en todo el país‘ y destacó las medidas realizadas para visualizar el conflicto docente.
‘Es de destacar la infinidad de acciones en las provincias con la comunidad educativa en defensa de la educación pública, por salarios dignos y por la paritaria nacional docente‘, sostuvo en un comunicado el gremio. CTERA ratificó la profundización del plan de lucha en reclamo de la paritaria federal mediante la marcha del 21 y 22 de marzo. Los gremios docentes de las provincias adhirieron en forma mayoritaria al reclamo