En un día que pintaba para negro para Mauricio Macri porque finalmente su primer candidato a diputado nacional por la Ciudad, Fernando Niembro, acorralado por las sospechas de corrupción bajaba su candidatura, a la noche llegó el batacazo: la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán resolvió anular las elecciones provinciales del 23 de agosto pasado y ordenó volver a votar.

La medida puede ser apelada por el Estado, pero difícilmente haya un tribunal dispuesto a torcer la historia de unos comicios plagados de irregularidades.

Anoche, el Gobierno de José Alperovich analizaba junto al candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur (que resultó vencedor por más de 12 por ciento de los votos según el escrutinio definitivo que cerró el lunes pasado), un per saltum para apelar directamente a la Corte Suprema de Justicia de Nación.

La Cámara entendió razonable disponer que sean de dos días los pasos para interponer y tramitar los remedios procesales, es decir la apelación.

El fallo que anula los comicios, que se conoció pasadas las 20, hizo lugar a la presentación realizada por el candidato por el Acuerdo para el Bicentenario, José Cano, diputado radical que disputó la gobernación provincial con el apoyo del candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri.

La misma noche de los comicios hubo algunos incidentes y al día siguiente una marea humana marchó hasta la Casa de Gobierno para reclamar contra el fraude. Las marchas se repitieron por tres jornadas seguidas y después con intervalos pero no cesaba la necesidad del pueblo de defender la democracia.

El viernes 4 de septiembre, el Acuerdo para el Bicentenario (APB), que impulsó la candidatura del radical José Cano a la gobernación, había solicitado ante la Justicia la anulación de los comicios y la convocatoria a una nueva votación para definir las autoridades provinciales, por considerar que “hubo diferentes prácticas irregulares que obligan a celebrar una nueva elección total en la provincia”.

El escrito que presentó el APB llevaba 63 fojas y solicitaba la anulación de las elecciones del 23 de agosto, la suspensión del escrutinio definitivo y que se convoque a nuevos comicios en todas las categorías, por considerar que “la elección en Tucumán presenta elementos de un fraude integral que supera a los hechos ocurridos solamente el día de la votación”.

En la presentación que planteó el APB se señalan las supuestas irregularidades que se cometieron en la carga de datos del escrutinio provisorio por parte del Correo Argentino; en la designación de los empleados de la Junta Electoral; en la designación de las autoridades de mesa y en la cadena de custodia de urnas.

Además, la demanda adjuntó como pruebas el testimonio de dos empleados de Junta Electoral Provincial que declararon ante un escribano público y afirmaron que funcionarios de ese organismo repararon urnas que habían sido violentadas sin ningún tipo de custodia.

También se aportaron registros fotográficos, testimoniales y videos que mostraron las supuestas irregularidades que hubo el día de las elecciones.