El juez federal Daniel Rafecas amplió ayer el procesamiento del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, por la mansión en Dique de Luján, partido de Tigre, y procesó a su esposa, Amalia Díaz, y a dos allegados al matrimonio.
En un recoveco -contrapiso en el tanque de agua, arriba de la habitación matrimonial de la casa, valuada en 680 mil dólares- López guardaba los casi 9 millones de dólares que el 14 de junio último quiso esconder en el Monasterio de General Rodríguez y que, según sus palabras, pertenecían a ‘la política‘. El magistrado hizo lugar parcialmente al requerimiento formulado el fiscal federal Federico Delgado de iniciarle una causa también a Díaz así como a los empresarios Andrés Enrique Galera y a Eduardo Ramón Gutiérrez ‘en su carácter de testaferros‘.
En cambio, el juez no coincidió y dictó la falta de mérito para la religiosa del monasterio de General Rodríguez, Celia Inés Aparicio, que fue filmada cuando agarraba los bolsos con el dinero que iba dejando López y los ingresaba al convento. Además, el magistrado amplió el embargo sobre los bienes de López hasta llegar a los 220 millones de pesos y trabó embargos para Díaz, Galera y Gutiérrez por 20 millones de pesos a cada uno. Y radicó una denuncia penal ante la Cámara Federal para que se investigue si durante el kirchnerismo se perpetró algún delito mediante ‘la vinculación económica‘ entre Obras Públicas y el Arzobispado de Mercedes-Luján, cuando su titular era el fallecido obispo Rubén Di Monte.
El juez mencionó ‘el hallazgo de una gran cantidad de documentación en el monasterio‘ y consideró que eso reflejaría ‘una relación muy intensa y particular‘ que incluían ‘pedidos y concesiones de sumas de dinero de las arcas públicas con destino al Arzobispado de Mercedes-Luján‘.