Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron ayer la imputación contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de las adjudicaciones de obras públicas durante su gestión en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Julián Ercolini, los fiscales aseguraron haber obtenido más pruebas de cómo fue la ‘maniobra ideada previamente con el fin de asignar y destinar‘ por distintas vías oficiales ‘millonarias cantidades de fondos públicos‘ al detenido Báez, ‘a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar‘.

La exmandataria está citada a prestar declaración indagatoria por esas presuntas irregularidades el 31 de octubre y fuentes judiciales aseguraron que la ampliación de la imputación no implicará cambios en esa fecha dado que el juez cuenta con el tiempo suficiente para correr vista a las partes antes de que se concrete esa cita judicial.

En el marco de esta causa, también fueron llamados a prestar declaración indagatoria el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido (24 de octubre), el detenido exsecretario de Obras Públicas, José López (27 de octubre) y el propio Báez (2 de noviembre).

Los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que la maniobra para direccionar las adjudicaciones de obras públicas en favor de la empresa Austral Construcciones, de Báez, se habría llevado a cabo a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y analizaron 15 obras viales, que fueron presentadas como los casos testigos con los que respaldaron su nuevo dictamen.

‘Se verifica que en todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los expresidentes en perjuicio de las arcas del Estado‘, sostuvieron.

Policita y Mahiques aseguraron que el gobierno kirchnerista ‘favoreció una millonaria asignación de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación convirtiéndolo en el principal organismo a través del cual el Estado nacional invirtió en el país y en una caja de recursos dirigidos a la Provincia de Santa Cruz‘.

Dijeron que a través de ese armado fue favorecida la ‘la empresa insignia del amigo de la exfamilia presidencial, Austral Construcciones‘. Señalaron que las empresas ligadas a Báez (Austral, Kandk y Costilla, Gotti) se presentaban por separado a las distintas licitaciones para simular competencia. Télam