A pocas semanas de que nazcan sus hijos, Amado Boudou quedó en libertad. La sala de Feria de la Cámara Federal porteña decidió de manera unánime otorgarle la excarcelación en la segunda causa donde el juez Ariel Lijo le dictó la prisión preventiva. Se trata de la investigación donde se lo acusó de peculado por rendir viáticos con facturas apócrifas cuando fue ministro de Economía.
Si bien su procesamiento fue confirmado, el ex vicepresidente dejará el Penal de Ezeiza , ya que este jueves se había dejado sin efecto la detención en la causa por enriquecimiento ilícito, la primera que lo condujo a la cárcel.
Después de realizar una serie de trámites en la sede de la Policía Federal en Madariaga y General Paz, se dirigirá a su nuevo domicilio en Barracas junto a su pareja, la mexicana Mónica García de la Fuente, que en pocas semanas será madre de mellizos.
Los jueces de la Cámara Leopoldo Bruglia y Eduardo Farahposibilitaron que el ex vicepresidente deje la cárcel. No hubo disidencia respecto a su excarcelación. Sin embargo, no coincidieron en cuanto a su condición fuera de la cárcel.
El juez Bruglia había votado por colocarle una tobillera electrónica mientras que Farah, al igual que en su voto de ayer, sólo aplicarle una caución juratoria, es decir que se presente ante el tribunal para firmar bajo juramento que estará a derecho.
Por tal motivo, una vez más, tuvo que intervenir el juez de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pociello Argerich.
La decisión se tomó ante que el juez Martín Irurzun vuelva a integrar la sala desde el próximo martes. Con una postura más estricta respecto a la prisión preventiva fue quien estableció un fallo utilizado por varios jueces, entre ellos Lijo, para decidir sobre la libertad de investigados por corrupción.
Por otro lado, Bruglia y Farah confirmaron el procesamientocontra Boudou, su ex jefe de Gabinete, Guido Forcieri, y su ex secretario privado, Héctor “Cachi” Romano, por peculado -malversación de fondos públicos- por la “presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”, en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía. Además, se confirmó el embargo de un millón de pesos para cada uno.
En la investigación se analizan dos facturas de estadías en el hotel Bel-Ami, en París, Francia, por el monto de 9.395 y 6.943,23 euros. Además, también figura una factura a nombre de Eduardo Kahanne, por 3.300 euros. Todo en el marco de un viaje que hizo Boudou a la capital francesa por tres días en febrero de 2011.
Así, se corroboró que “se buscó obtener un beneficio económico directo mediante la defraudación efectuada en perjuicio de la administración pública”. Esto les permitió al ex vice “sustraer de las arcas del estado diecisiete mil setecientos treinta y ocho euros”.
La liberación de Boudou se hace efectiva después de conseguir la excarcelación en la segunda causa en la que se encontraba procesado con prisión preventiva, ya que en el caso de los viáticos con rendición apócrifa la prisión preventiva se dictó por su conexidad en la causa por enriquecimiento ilícito, en la que se detuvo al ex vice el 3 de noviembre.
Ayer, el ex vicepresidente había obtenido la excarcelación en el expediente que lo condujo a la cárcel. Al no ponerse de acuerdo los camaristas Bruglia y Farah, convocaron a un tercer juez, de la Cámara del Crimen, Pocillio Argerich, para que interviniera en la discusión sobre la libertad de Boudou.
Así, por voto mayoritario (la disidencia de Bruglia) se votó excarcelar al ex vice y a su amigo José María Núñez Carmona, en la investigación por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no podía salir de prisión hasta tanto la Cámara se expidiera sobre la segunda prisión preventiva con la que cuenta Boudou, que quedó hoy sin efecto.
En el caso de la causa por enriquecimiento, se argumentó que la misma “transcurrió a un ritmo carente de dinamismo” y que tampoco se vio acompañada de una “correlativa actividad jurisdiccional que la respaldara”. Lo que fue determinante, además es que el juez Lijo “durante dos meses no ha definido las situaciones procesales” pese a que el Código Penal fija un plazo, ordenatorio, no perentorio, de 10 días para hacerlo”.