El presidente Alberto Fernández y doce gobernadores peronistas dieron ayer el primer paso, en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, para impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por ‘mal desempeño de sus funciones’ y ‘manifiesta parcialidad’ a la hora de dictar fallos.

En el documento que girarán a la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, el primer mandatario y los gobernadores pidieron que se disponga lo pertinente para impulsar la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

En el escrito de 36 páginas advirtieron que existe el peligro de avanzar hacia un "gobierno de los jueces" y acusaron a los integrantes de la Corte Suprema de "invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes" del Estado, afectando "seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional". Y la casa Rosada afina el lápiz para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias -sería la segunda quincena de enero- para debatir esta embestida al Poder Judicial. De todos modos, el Frente de Todos no tendría los votos suficientes para avanzar con el juicio político contra los cortesanos pero busca hacer ruido iniciando una investigación formal ya que sí cuenta con los sufragios de la Comisión de Juicio Política para iniciar el trámite.

El documento reivindica la división de poderes y advierte que "si se traspasan los límites" que debe haber "existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes".

En la nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la cámara baja, Ana Carolina Gaillard, piden a la "Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados mencionados por los motivos y hechos que se expondrán a continuación".

El oficialismo aseguró que pide investigar a los jueces del tribunal porque "en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes".

El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo.

Tras su habilitación, la comisión de Juicio Político deberá definir por mayoría simple la apertura del periodo a prueba, en la cual reunirá la documentación y citará a testigos para determinar si corresponde o no promover la acusación ante el Senado.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza ‘en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’.

Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La guerra de poderes recién empieza.

 

  • Los gobernadores

Además de Capitanich, Kicillof y Zamora, participaron de manera presencial los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quiniela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). El resto, virtual.

 

  • D’ Alessandro se toma licencia

El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, anunció ayer que tomará tomar una licencia "temporaria" en su cargo, luego del escándalo por la filtración de supuestos chats que lo tienen como protagonista junto a un funcionario de la Corte Suprema, así como por su participación en un viaje a Bariloche junto a jueces federales y directivos del Grupo Clarín.

Volvió a denunciar ‘operaciones infames’ en su contra.

 

 

  • Uñac se abre del juicio a los cortistas

 

No viajó ni firmó. El gobernador no apoya el juicio político a la Corte.

 

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, fue uno de los gobernadores peronistas de peso que no concurrió a la cita con el presidente Alberto Fernández ya que no apoya el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia ni al resto de los jueces que integra el alto tribunal.

Desde el entorno cercano a Uñac dejaron entrever ayer al mediodía que el mandatario sanjuanino está de acuerdo con el reclamo por los fondos de la coparticipación que le restituyeron a la Ciudad de Buenos Aires pero no apoya el pedido de juicio político a la Suprema Corte. Por esa hora, confirmaron que Uñac no había viajado para asistir a la reunión con el Presidente y otros gobernadores del PJ en la Casa Rosada.

Tampoco asistieron los gobernadores, Omar Perotti (Santa Fe) ni Juan Schiaretti (Córdoba). En forma virtual participó el mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que después mando a su entorno a negar que hubiera firmado el pedido de juicio político a la Corte.