Horas antes de que la Justicia dé su veredicto en la causa Vialidad, que tiene como principal imputada Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente anunció que el Gobierno pedirá que se investigue penalmente un supuesto escándalo con chats entre jueces federales, empresarios y exfuncionarios del gobierno porteño. Y renglón seguido, exhortó al Congreso a avanzar con la demorada reforma judicial que impulsa personalmente él y la Vicepresidenta.
Concretamente, Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia para que ‘se investigue penalmente’ el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido.
Esta supuesta trama la reveló un hackeo que el Presidente también mencionó.
El jefe de Estado dio un discurso en cadena nacional y sostuvo que el caso deja ‘expuesto el modo en que ciertas corporaciones operan’ sobre sectores de la política y de la justicia.
En un mensaje para referirse al escandaloso hecho revelado el domingo por los medios kirchneristas Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna, el jefe de Estado subrayó también que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados.
‘He sido contundente. Es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido’, expresó el jefe de Estado, y consideró que los hechos ‘lastiman a la democracia’ porque se trata de un acto de ‘promiscuidad antirrepublicana, con la que se mueven algunos empresarios, jueces y exfuncionarios’ y de un ‘perverso juego de cohecho’.
En esa línea, Fernández evaluó que con este episodio ‘quedó expuesto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios’.
‘Por primera vez queda expuesto el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que en muchos casos buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan’, declaró el jefe de Estado.
Fernández se refirió así a la revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la AFI coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche, más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis, que abrió un escándalo sobre la presunta recepción de ‘dádivas’ por parte de magistrados y funcionarios.
Al comenzar su mensaje, el Presidente recordó que desde el inicio de su gestión había advertido sobre la necesidad de ‘eliminar’ los ‘sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años’.
‘Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno’.
En este contexto, el Presidente advirtió que ‘todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado’ y planteó que la ‘Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros’.
‘No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación (un hackeo). Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes’, subrayó el mandatario.
Luego señaló que ‘ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo Operación Página 12 (como se denominaron los partícipes del viaje) se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes’. Y evaluó que ‘es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas’.
Los detalles que se difundieron del viaje
El viaje de los jueces se habría concretado el jueves 13 de octubre en un chárter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, vuelo que fue revelado por Página 12 el 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta.
En los últimos días medios de comunicación difundieron el contenido de conversaciones entre sus participantes a través de un grupo de chat de Telegram, en las cuales se intenta armar una versión común sobre el periplo, que incluyó la estadía en la estancia de Joe Lewis.
Los implicados son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; el procurador porteño, Juan Batista Mahiques; el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo.
La periodista del diario La Nación Paz Rodríguez Niell reveló ayer que el juez Ercolini quiso "convencerla" para que sea "vocera involuntaria de la versión de ellos", algo que "por suerte" no ocurrió.
"Deciden que Ercolini hablara conmigo. Habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera -dice uno de ellos- vocera involuntaria de la versión de ellos", indicó Rodríguez Niella a Radio con Vos.
Para el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, de "verificarse la veracidad" del intercambio de chats y audios "hay una exigencia de explicaciones y de rendición de cuentas".