El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la intervención de Vicentín "es excepcional" y que "no está en la cabeza" del Gobierno "andar expropiando empresas", al tiempo que negó que la idea de estatizar al gigante agroexportador haya sido de su vice, Cristina Kirchner.
Alberto sostuvo que la decisión de intervenir Vicentín se tomó para "preservar una empresa muy importante del mercado cerealero" y para mantener "la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores".
"Dispusimos la intervención por 60 días para saber a ciencia cierta de qué estamos hablando", sostuvo Fernández en declaraciones que realizó a Radio Con Vos, en las que aclaró que se trató de una decisión suya.
El jefe de Estado advirtió que el gobierno nacional se está "haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera", y sostuvo que "se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica".
Sobre las sospechas de que detrás de este plan este Cristina, a través de la senadora del riñón K, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto de expropiación, el Presidente detalló que la idea surgió en un diálogo con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Y contó que CFK se enteró recién el jueves pasado, cuando compartieron una cena en Olivos.
"Yo escuché que discutían si fue una decisión de Cristina. No fue así. Lo hablé con el gobernador de Santa Fe y Anabel se sumó porque tenía un proyecto de expropiación", enfatizó el Presidente. Y agregó: "Si vos le preguntabas a Axel Kicillof o a Santiago Cafiero si Alberto tenía el plan de expropiar Vicentín, te hubieran dicho que no porque no lo hablé con ellos. No lo hablé absolutamente con nadie, salvo con Matías Kulfas, a quien le dije que esto tenía que quedar en total reserva porque entiendo la incidencia que tiene".
Ayer, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el Presidente anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa, que estará a cargo de Gabriel Delgado, y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.
En sus declaraciones de ayer, el mandatario adelantó que "todos los activos del grupo van a formar un fideicomiso y la administración la hará YPF o el Banco Nación, según quien corresponda, pero el gerenciamiento lo va a tomar YPF Agro con aportes del Tesoro".
"No es que llegamos y tenemos que poner 1.300 millones de dólares, llegamos a una empresa en concurso, porque los que critican esto le quieren hacer creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera. Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra", explicó.
El mandatario destacó que por Vicentín "pasa el 13% de las exportaciones de cereales de Argentina" y sostuvo que YPF Agro "tiene una influencia de más o menos el 8% de la comercialización también, con lo cual estamos hablando de un porcentaje importante" en esa área. Al ser consultado si podría ocurrir algo similar con la empresa Sancor, Fernández respondió: "No, Sancor no está en la mira", y aclaró que el Gobierno "va a ayudar a todas las empresas que podamos, pero expropriarlas no es la regla". "No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas. Claro que es un gran esfuerzo del Tesoro que hay que hacer, por lo tanto la excepcionalidad de tomar esta decisión es absoluta". "Ninguno se quiere quedar con las empresas y capitalizar acciones", reafirmó.
- La denuncia penal de diputados opositores
Siete diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra Alberto Fernández por "abuso de autoridad" por la intervención de la empresa Vicentín, lo que tensiona aún más la relación con el oficialismo por la sorpresiva medida.
"El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley", argumentaron Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnol.
> Intervención de 60 días y al Congreso
El Gobierno nacional oficializó ayer la intervención por 60 días de Vicentín, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial, para asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general.
El DNU también dispuso la ocupación por 60 días de la sociedad, en forma administrativa, en razón de utilidad pública, "lo que se vuelve urgente en el marco de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía".
El Gobierno puntualizó que "se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica", todas de propiedad de Vicentín.
Indicó que "ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentín".
Precisó que la composición de la deuda alcanza los $ 63.961.563.645,69, entre los acreedores financieros locales, como los bancos Nación, Provincia, Ciudad, de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Hipotecario, Macro, de Entre Ríos, Itaú y de Santa Fe.
Entre los acreedores financieros internacionales, con quienes la deuda es de $30.153.285.892,26; se encuentran la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial; el banco de desarrollo holandés Netherlandese Financerings; y el banco neerlandés ING, sucursal Tokio.
Acreedores foráneos
Entre los acreedores financieros internacionales, con quienes la deuda es de $30.153.285.892,26; se encuentran la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial; el banco de desarrollo holandés Netherlandese Financerings; y el banco neerlandés ING, sucursal Tokio.