El presidente Alberto Fernández anunció ayer que el Gobierno prepara un decreto marco para crear un sistema que permita a los beneficiarios de planes sociales pasar a emplearse en la actividad privada "sin perder ese derecho", una medida que consideró vital para el combate de la pobreza.
"Cambiar planes por empleo. Ese debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza", dijo el mandatario ante encumbrados empresarios reunidos en el tradicional Coloquio de IDEA.
Agregó que "el primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino" y asumió que medidas como la prohibición de despidos y la doble indemnización "no van a sostenerse en el tiempo".
"La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. La asistencia es un paliativo para sobrellevar la pobreza", señaló Fernández, retomando algunos conceptos que el pasado jueves fueron vertidos durante la intervención que en ese foro realizó -a través de una videoconferencia- el papa Francisco.
El jefe de Estado cerró con su participación el 57º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que se desarrolló desde el miércoles pasado en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.
En su mensaje, Alberto Fernández convocó a los empresarios a "unir esfuerzos y encontrar acuerdos en la construcción de una nueva sociedad". Dijo que, tras la salida de la pandemia, eso "es un deber moral y ético".
Agregó que para ello el Poder Ejecutivo está "disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho".
"Necesitamos impulsar el empleo registrado", dijo y en ese sentido destacó los nuevos acuerdos que impulsó el Gobierno nacional con empresarios y sindicatos de la construcción, del sector rural, gastronómicos y hoteleros, suscriptos en las últimas semanas, con el objetivo de que "los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho".
El 8 de octubre, el oficialista Sergio Massa, que preside la Cámara de Diputados, presentó "Un puente al empleo", un proyecto de ley que contempla que, por 12 meses, el trabajador podrá mantener el plan social como complemento del salario.
Además, el proyecto prevé que el trabajador va a acceder a obra social y aseguradora de riesgos de trabajo, a la vez que contempla que el trabajador que participe del programa debe capacitarse y completar cursos de formación. De acuerdo con el proyecto, también podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
"Una economía que crece necesita de una fuerza laboral bien paga. Con este sistema laboral se crearon casi 4 millones de empleos entre 2002 y 2015", dijo y afirmó que la prohibición de despidos y la doble indemnización son "transitorias" y "no van a sostenerse en el tiempo".
- Buscando "resolver" deudas "heredadas"
Alberto Fernández dedicó otro amplio segmento del discurso a la cuestión de la deuda externa, a la que calificó como un problema "heredado" que se debe "resolver definitivamente".
Luego de ponderar la negociación llevada adelante con los acreedores privados, se refirió a las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "El Gobierno nacional está discutiendo cómo se paga esa deuda. Necesitamos que las tasas que se aplican se reduzcan, ganar tiempo para empezar a pagar y extender al máximo posible los tiempos de cumplimiento de esa deuda".
El presidente Alberto Fernández apuntó a las palabras de la actual candidata de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y afirmó que "los que hoy proponen tomar más créditos para pagar este crédito, en realidad son los mismos que generaron esta deuda y después dijeron "reperfilarla" para profundizar así aun más la crisis".
Por otra parte, pidió a los empresarios que hagan su aporte en la contención de los precios y afirmó que "recomponer el salario real", cuya caída desde 2016 supera el 20%, "es una obligación" de la sociedad.