En medio de las denuncias sobre tráfico ilegal de armas de grupos mapuches en la Cordillera, los gobiernos de la Argentina y Chile acordaron hoy un plan para cerrar en lo inmediato el paso de las fronteras no habilitadas entre ambos países y activar un sistema de cooperación en materia judicial.
 

 

Durante una reunión en el Ministerio de Seguridad que encabezó Patricia Bullrich con el subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy; el embajador de ese país, José Antonio Viera Gallo; el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; el subsecretario de Coordinación de la Secretaría de Fronteras, Vicente Autiero; el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa, y el subsecretario de Desarrollo de Fronteras, Eduardo Bustamante se definió un plan conjunto para frenar la ola de violencia de grupos mapuches que azota en la Patagonia.
 

"Fue un buen encuentro, productivo y con muchos ejes en común para trabajar en lo inmediato", dijo a Infobae un funcionario que participó de esa reunión. El acuerdo se alcanzó apenas cinco días después de que la fiscalía de Chile de la Región de Araucanía denunciara el tráfico ilegal de armas de la Argentina hacia el país trasandino por parte de agrupaciones mapuches que sustentan la violencia del Grupo Arauco Malleco (CAM).
 

De esta manera, hoy se acordó que a partir de octubre de 2017 se instrumentará un plan conjunto de cierre de pasos fronterizos no habilitados en la zona sur de ambos países, con el fin de enfrentar conjuntamente delitos transnacionales como el contrabando y el narcotráfico. "Con este objetivo, se reunirán equipos de trabajo de ambos países para definir y priorizar las primeras acciones", sostuvo el documento sellado entre las autoridades de ambos países.
 

En la práctica, según admitieron a este medio funcionarios de la Casa Rosada, la instrumentación de este plan no será fácil de aplicar, ya que existen unos 800 pasos ilegales a lo largo de toda la frontera entre Chile y la Argentina de los 154 puestos de frontera legales. No obstante, los gobiernos de ambos países están dispuestos a reforzar en un principio los pasos ilegales de la zona sur que es donde se registraron los focos de violencia de algunos grupos mapuches y donde presuntamente se detectó el tráfico ilegal de armas.