El Gobierno aseguró ayer que su propuesta de pagar en Buenos Aires sus bonos bajo legislaciones extranjeras no implica un cambio en las reglas de juego y aseguró que busca proteger a sus acreedores que quedaron atrapados en una disputa judicial que llevó al país al default.
En este contexto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aclaró que el proyecto de ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa ‘no implica ni un nuevo canje, ni un cambio de jurisdicción ni de legislación de los bonos de la reestructuración, sino una modificación de sede de cobro’.
Si consideran que hay un cambio en las reglas del juego, los tenedores de bonos reestructurados podrían ejercer una cláusula que les permitiría recuperar sus inversiones anticipadamente.
Kicillof, detalló que el proyecto enviado al Congreso ‘abre la posibilidad a que los acreedores cobren su deuda a través del Banco de la Nación Argentina o a que presenten un medio alternativo de su elección’. También se abre un canje voluntario para que los acreedores con deuda bajo legislaciones extranjeras puedan recibir títulos regidos por ley argentina en los mismos términos.
Un cambio de jurisdicción de bonos implica un desafío legal para los inversores institucionales, dado que algunos de ellos no están habilitados para asumir el riesgo que implica tener bonos bajo otra ley que no sea estadounidense o europea.
Este plan es un intento por sortear una orden del juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien bloqueó los pagos de la deuda argentina en el exterior hasta que el país compense con más de 1.330 millones de dólares a fondos buitre.
La orden judicial impidió a Argentina honrar los intereses de un bono Discount a finales de julio, hundiendo al país en un nuevo default.
Kicillof, dijo que los contratos de los bonos emitidos en las dos reestructuraciones permiten al país cambiar el canal de pago. Pero aclaró que el Gobierno argentino está dispuesto a escuchar propuestas alternativas de parte de los tenedores de bonos.
Una alternativa es que los bonistas convoquen a una asamblea de acreedores para modificar el procedimiento de pago de los títulos y así evitar que los fondos sean distribuidos a través de Nueva York. Para esto hace falta una mayoría especial.
Otra opción es lograr que una cámara de apelaciones bloqueé la orden del juez Griesa.
En todo caso, algo debería suceder antes del 30 de septiembre, cuando Argentina debe pagar en el exterior unos 200 millones de dólares por un vencimiento de su bono Par.
El proyecto dispone que el Gobierno pagará en Buenos Aires a los tenedores de bonos Discount, Par y Global 2017 emitidos bajo leyes de EEUU, Gran Bretaña y Japón. Hasta ahora, esos títulos, que suman un capital de alrededor de 29.000 millones de dólares, eran abonados por el Bank of New York Mellon (BONY), con el cual Argentina rescindió su contrato como agente de pagos por haber acatado el bloqueo dispuesto por Griesa.
También dispone que el país deposite en el agente de pagos los fondos que le corresponderían a los acreedores ‘holdouts‘ si hubieran participado de los canjes del 2005 y el 2010. Hasta ahora, esos acreedores, con tenencias calculadas en unos 10.000 millones de dólares, han rechazado reestructurar sus títulos a cambio de quitas. (DyN, Reuters).