El día después de concretarse el primer pedido de indagatoria de la presidenta Cristina Fernández por el supuesto intento de encubrir a los terrorista iraníes, autores del atentado a la AMIA, el Gobierno reforzó ayer la teoría de un ‘complot judicial‘ con ayuda de ‘grupos de inteligencia‘ y fines ‘golpistas‘.
Mientras Cristina guardaba silencio, el Ejecutivo cerró filas para defenderla de las acusaciones del fiscal Alberto Nisman, que sostiene en su demanda que la Presidenta personalmente dio instrucciones para la firma de un acuerdo con Irán para ‘fabricar‘ la inocencia de Irán en el atentado contra la mutual judía que dejó 85 muertos en 1994.
El canciller Héctor Timerman -también denunciado por Nisman- acusó al fiscal de la Causa Amia de ‘mentir‘ y lo instó a ‘aclarar si su denuncia (contra el Gobierno nacional) tiene alguna relación con la separación del ex jefe de Operaciones de la
Secretaría de Inteligencia (SI)‘, Jaime Stiuso, recientemente relevado del cargo.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó la denuncia contra la Presidenta como ‘una decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional‘.
Timerman afirmó que Nisman, ‘en vez de investigar a los sospechosos, se dedicó clandestinamente a investigar a la Presidenta de la República Argentina‘. Al tiempo que consideró que ‘los servicios de inteligencia conduzcan al Poder Judicial remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en resto del mundo‘.
Ante los periodistas de la Casa de Gobierno, Timerman leyó un comunicado en el que pidió que ‘quienes dudan de nuestro compromiso contra el terrorismo que sean honestos en sus dichos y dejen de lado sus temporales intereses electorales‘, al tiempo que enfatizó que el propio Nisman fue quien ‘se negaba a concurrir a Interpol para ayudar al juez a solicitar el arrestos de los sospechosos‘ iraníes.
Por su parte, Capitanich subrayó que el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013 pretendió ‘garantizar el esclarecimiento‘ del peor atentado antijudío perpetrado en el país.
La denuncia de Nisman, dijo, responde a una ‘estrategia de carácter corporativo con algunos miembros y sectores del poder judicial con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos con objeto no sólo de hostigar al Gobierno sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista‘.
‘No es solamente la decisión aislada de un actor, el fiscal Nisman‘, sino una estrategia impulsada por los citados grupos junto a agentes de inteligencia nacionales ‘e internacionales y de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina‘, agregó.
Capitanich llegó incluso a afirmar que la demanda es parte de una estrategia mediática ‘para contrarrestar las buenas noticias‘, como el récord de turistas en la costa argentina de este verano.
La denuncia penal presentada este miércoles por Nisman alcanza también al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D’Elia, Fernando Esteche, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia, el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge ‘Yussuf‘ Khalil.
Entretanto, la jueza María Servini de Cubría dictaminó ayer que no habilitará la feria judicial para que la denuncia sea tramitada durante las vacaciones de verano al considerar que no se ha acompañado de ‘elementos probatorios‘.
El atentado contra la AMIA causó 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994, dos años después de que una bomba explotara frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y provocara 29 víctimas mortales.
La investigación atribuye a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.