A la espera de la decisión que debe tomar la Cámara Federal de Casación sobre la libertad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, como también la determinación de la acusación sobre ellos respecto de si cometieron defraudación al Estado o una retención indebida de tributo, al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC), la AFIP pidió que los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray vayan lo antes posible a juicio oral y público. El organismo recaudador es denunciante y querellante en el caso.
En un escrito de 22 páginas, la AFIP pidió al juez Julián Ercolini que dé por clausurada la instrucción y eleve a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por el delito de “defraudación al Estado”. Para el organismo que conduce Leandro Cuccioli -reciente reemplazante de Alberto Abad-, el empresario K no evadió el pago de un impuesto (el ITC), sino que cometió una maniobra “defraudatoria millonaria”, según insistieron ante Clarín.
Esta calificación es por la que el juez de la causa procesó a López, su socio y el ex titular de la AFIP de Cristina Kirchner. Ercolini determinó que los dueños del Grupo Indalo generaron “un aporte imprescindible” a la maniobra defraudatoria, “junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente” del dinero que correspondía al Impuesto a los combustibles.
“No estamos frente a una mera inactividad del órgano recaudador, ni de una mera aquiescencia frente a un evasor fraudulento. La gravedad y lo ostensible de las infraccionesdemuestra que se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción”, indica el escrito presentado ante Ercolini. Allí, la AFIP sostuvo: “Hay una planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados. Se urdió la manera de sortear las alertas que establecían las normas vigentes para evitar sucesos como el que analizamos”.
Para el magistrado, el empresario K y su socio, “tenían el dinero para hacer frente al pago” del impuesto a los combustibles “en tiempo y forma” pero que optaron por “acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago -que fueron concedidos irregularmente por la AFIP”.
En tanto, en su pedido de elevación a juicio, el fisco sostuvo que junto al acogimiento sistemático por parte de la petrolera a planes de pago especiales y generales, “la sociedad realizó diversos préstamos a empresas vinculadas a ella -de las que Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa resultan ser directa o indirectamente sus responsables”.
Así, OIL se acogía a los planes de la AFIP “plagados de irregularidades” , como ser la ausencia de revisión de cumplimiento de las condiciones en las que fueron otorgados los planes, y “la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa en cuestión”. Y Echegaray “convalidó estos trámites” cuando “no correspondía”.
La maniobra que para la AFIP es una “defraudación al Estado” ypermitió que López y De Sousa , a través de la sociedad Oil Combustibles SA, “utilice indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico referido, a través de diversos mutuos”,según el escrito al que accedió Clarín..
En base a estas acusaciones y en desacuerdo con el cambio de calificación que firmaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (ambos investigados por el Consejo de la Magistratura por su resolución y este último ya con un pie afuera de la Cámara) cuando excarcelaron a los dueños del Grupo, la AFIP pidió que vayan a juicio oral y respondan por el delito de defraudación al Estado.
El perjuicio fue millonario, según indicaron desde el fisco: la suma reclamada en la causa es de $ 17.000 millones -la deuda inicial más los intereses y punitorios generados-.
Pero además, bajo la administración de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, la empresa Oil generó deuda post concursal (en la justicia comercial tiene abierto el concurso preventivo), de $ 1.600 millones.
El juez Ercolini, a raíz del pedido de elevación a juicio de la AFIP, le correrá vista al fiscal Gerardo Pollicita que, según pudo saber Clarín, también solicitará que vayan a la próxima instancia por el delito de defraudación al Estado.
En paralelo, la Cámara de Casación recibirá los argumentos de López, De Sousa y Echegaray el próximo jueves y desde entonces, tendrá cinco días hábiles para decidir si los empresarios vuelven a prisión y se dicta una detención sobre el ex titular del fisco -como pidió el fiscal ante la Cámara Germán Moldes-, y si el delito es una retención de tributo que se subsanaría con el pago del mismo, o si cometieron una defraudación millonaria.
En el marco de esta causa, la AFIP, a través de su abogado Ricardo Gil Lavedra, demandó también civilmente a el empresario K y a Echegaray por daños y perjuicios. Exigen que respondan con sus respectivos patrimonios “por una cifra indeterminada”, por el daño ocasionado al Estado al no pagar el ITC.
Oil Combustibles se encuentra en pleno proceso de salvataje en la Justicia comercial. El cramdown, como se conoce a esta instancia, es para evitar que la empresa vaya a la quiebra ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. El registro para que interesados en financiar a la firma estará abierto hasta la próxima semana. En el Gobierno sostiene que Oil irá, indefectiblemente, a la quiebra.