Estados Unidos, 11 de mayo.- En una maniobra previsible, los tenedores de deuda argentina en default presentaron el lunes en una corte estadounidense mociones para extender el alcance de un fallo del juez Thomas Griesa que impide al país realizar pagos de su deuda hasta que no compense a los acreedores que la demandaron.
Aurelius Capital Management, uno de los principales fondos de cobertura que rechazaron reestructurar sus bonos argentinos, busca que la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa se aplique para toda la deuda externa de la nación, incluidos los recién emitidos títulos Bonar 24.
Argentina colocó el mes pasado 1.416 millones de dólares en esos bonos, que tienen denominación en divisa estadounidense pero que están regidos por la ley local.
Según informó este lunes Ámbito Financiero, asesores directos de Griesa les dieron el viernes pasado a los abogados de los fondos buitre una mala noticia: no hay posibilidades de avanzar en sanciones concretas contra la Argentina por haber colocado el Bonar 24 bajo jurisdicción de Buenos Aires.
El juez no encontró desde el 22 de abril (cuando comenzó la investigación) en adelante ningún tipo de documentación sólida que avale la participación de agentes financieros de peso en la colocación, especialmente el Deutsche Bank, el BBVA o el fondo Marathon, señalados como asesores directos del Gobierno argentino en la operación. Griesa tampoco pudo encontrar resquicios legales para avanzar en el freno para la emisión de esos bonos (o cualquier otro título público) cuando éstos son emitidos bajo las leyes de la Argentina.
Por ello, de esta manera, y más allá de las protestas formales (como la de este lunes) y de la reiteración y las amenazas contra el país sobre la prohibición para realizar esa operación, el juez del segundo Distrito de Nueva York, o cualquier otro colega en otro nivel de la Justicia norteamericana, no podrían embargar ni la colocación de abril pasado del Bonar 24 ni ninguna otra emisión de deuda futura en las mismas condiciones que la del mes pasado.
Para Robert Cohen (NML Elliott) y el resto de los abogados contratados por los fondos buitre, la novedad resultó un baldazo de agua fría, sólo comparable con la misma emisión del Bonar 24. O más exactamente, con el éxito de la operación. Por éxito entienden los fondos buitre el hecho que el país haya podido bajar la tasa de interés a un dígito y que haya habido sobredemanda de estos bonos. En esa colocación, el Ministerio de Economía de Axel Kicillof tenía pensado emitir unos u$s 500 millones; sin embargo, recibió ofertas por u$s 1.878,7 millones y terminó aceptando unos u$s 1.415 millones; casi el triple de la hipótesis original. Saben los fondos buitre que la apertura de este frente de financiamiento es la clave para que el Gobierno de Cristina de Kirchner no tenga la necesidad, al menos económica, de sentarse a negociar con ellos una salida apresurada del "default técnico". Para ellos, ahora sí, la única alternativa sería esperar a 2016.