Para comprender la crisis por la que atraviesa el sistema jubilatorio actual, es necesario remitirse al siglo pasado, en la época en que Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo y Previsión de la Nación. Fue en ese momento en que se inició el proceso de universalización de los beneficios, es decir que se buscó cubrir a todos los trabajadores con el derecho a la jubilación tal como se lo conoce actualmente.
En principio la idea y la voluntad eran buenas, aunque con los años se vio que el sistema comenzó a tener algunos inconvenientes. Esa expansión en los beneficios requería una planificación que no se hizo en la medida correcta y esto desencadenó una serie de problemas que se fueron solucionando con “parches”, siempre en detrimento del haber jubilatorio que percibía cada beneficiario.
Después de varios períodos en que estuvo en vigencia el sistema de reparto, vino una etapa -antes del año 2007- en que se implementó el sistema de capitalización que administraban las AFJP. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner disolvieron ese sistema y se volvió al de reparto FGS (Fondos de Garantía de Sustentabilidad) que tampoco contribuyó a que los jubilados tuvieran un haber un poco más decoroso luego de una vida de trabajo y aportes incesantes.
Hay que tener en cuenta que en el sistema de reparto a diferencia del de capitalización, los trabajadores del mercado laboral formal realizan aportes y contribuciones de carácter obligatorio que no se acumulan, sino que son empleados para financiar los beneficios adquiridos por aquellos que cumplieron con los requisitos que la ley determina. Por su parte el sistema de capitalización se basa en el ahorro individual, es decir que cada trabajador aporta para sí mismo. Por lo que las prestaciones futuras tienen relación directa con los aportes realizados, su acumulación en cuentas personales y su evolución financiera y temporal.
El problema que se presenta es que en países como el nuestro, donde la informalidad del mercado laboral es altísima (empleo en negro); el sistema se financia con una mezcla de recursos muy disímiles; donde afloran las moratorias; donde prima la imprevisibilidad normativa y donde la transición demográfica nos lleva a un envejecimiento acelerado de la población, quedan muy pocas oportunidades para revertir la tendencia negativa a la que se dirige el sistema de jubilaciones, cualquiera sea su modalidad.
Algunos analistas consideran la posibilidad de aplicar un sistema mixto (de reparto y de capitalización), junto a otras medidas con el objeto de subsanar el déficit del sistema, pero todas las propuestas tienen sus pros y sus contras. Llegar a un acuerdo sobre lo más conveniente implicará que los encargados de tomar la decisión comprendan que sin una auténtica reforma laboral, que equilibre el número de trabajadores aportantes con los beneficiarios de jubilaciones, cualquier sistema previsional será inviable. Para mejorar los haberes jubilatorios hay que aumentar el número de trabajadores en blanco, mejorar el nivel salarial y garantizar los aportes de manera que no haya evasión. Sólo así el sistema tendrá posibilidades de recuperarse genuinamente.