El 2 de mayo próximo vence la fecha límite para que el sistema registral de automotores adquiera la modalidad de ser remoto, abierto, estandarizado y accesible, conforme lo dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que a pesar de no haber sido todavía aprobado por la Cámara de Diputados está en vigencia y, de no mediar ninguna otra circunstancia, debería implementarse a la brevedad.
De todas maneras, a menos de 10 días de la fecha indicada, no hay mayores indicios de estar avanzando en ese profundo cambio que de acuerdo a lo previsto beneficiará a los usuarios, al dejar sin efecto un sistema burocrático que no ha estado ofreciendo mayores beneficios a los propietarios de motos y automotores y que genera grandes sospechas de que beneficia a determinadas personas que han estado vinculadas a los gobiernos de turno o a funcionarios de gestiones anteriores.
Junto al tema de los registros del Automotor, también está el de la eliminación del requisito de la RTO (Revisación Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular), según corresponda en cada provincia, también contemplada en el DNU y por lo tanto también con plena vigencia, que se suma a cambios que se quieren implementar para hacer más sencillo todo el sistema que rige la tenencia de un vehículo en el país. A esto habría que sumarle el tema de la patente o del denominado Impuesto a la Radicación del Automotor, que, con muy buen criterio el gobierno de San Juan ha dispuesto una revisión de los montos para efectivizar una reducción, ya que conforme a lo dispuesto a nivel nacional, de ajustarse conforme a lo establecido, este impuesto iba a ser difícil de afrontar por la mayoría de los contribuyentes. El sistemático “bolsiqueo” que el Estado realiza a cada ciudadano ha llegado a un límite que el gobierno debería tener en cuenta la necesidad de rebajar o eliminar impuestos que, como ya se sabe, son numerosos y cuantiosos.
En relación al sistema registral de automotores se considera que, más allá del destino que tenga el DNU, la DNRPA (Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor) debería tener sus días contados ya que está comprobado que ese sistema no es el más apropiado para un país como el nuestro en el que se busca achicar toda la estructura del Estado para hacerlo más eficiente y superavitario.
Hasta ahora el Ministerio de Justicia de la Nación ha explicado que están trabajando en la digitalización del trámite de inscripción de vehículos, como también en la reducción de costos y en la inspección de seccionales que fueron intervenidas hace poco, con la intención de reducirlas o dividirlas para un mejor funcionamiento.
Lo que hay que eliminar es todo el enjambre de la Pyme política que se ha establecido entre el ciudadano y ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) y los titulares de los Registros y de la Cámara de Comercio Automotor (CCA). Con esto se podría terminar con lo que para muchos es una “caja política” y un sistema que encarece y burocratiza las operaciones para los ciudadanos.