Después de los aumentos que desataron una estampida de afiliados, el Gobierno dispuso dar marcha atrás parcialmente con los aumentos en la medicina prepaga y obligar a un grupo dominante de empresas -que concentran el 75% del padrón- a recalcular los valores desde diciembre último. Además, las cuotas deberán ajustadas por inflación, es decir, calculadas teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
La medida alcanza a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE y según el vocero presidencial, Manuel Adorni, las empresas deberán aplicar como máximo el índice IPC por los próximos seis meses. “Es el resultado de tutela anticipada de una denuncia por presunta cartelización”, señaló.
“La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento”, informó la Secretaría de Industria y Comercio.
Abarca a empresas de medicina prepaga y hospitales de comunidad que el Gobierno tiene en una lista porque ajustaron sus cuotas en un 160% promedio entre diciembre y marzo. Y tras la orden de que dejen sin efecto esos ajustes, deberán hacer una devolución de dinero a sus afiliados con la cuota que se liquidará este mes, pero las empresas se niegan.
De acuerdo a la medida impulsada por el Gobierno, el nuevo valor de las cuotas de las prepagas no debería superar lo cobrado en el mes de diciembre más la inflación, que acumula un avance del 51,6% entre enero y marzo. En consecuencia, según estimaciones de la Secretaría de Industria y Comercio, las empresas de medicina privada deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al valor de diciembre más el 70%. “Asumiendo que una inflación del 10% para abril, y tomando en cuenta que, en promedio, las cuotas de la medicina prepaga se incrementó en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%”, puntualiza el comunicado.
“La medida entra en vigor de inmediato”, aclaró el Ministerio de Economía a pesar de la posibilidad de apelación que tienen las empresas. “Estamos evaluando la factibilidad de retrotraer precios”, dijeron distintas fuentes del sector privado de la salud consultadas. Además, comentaron que sería “inviable” devolver el dinero a los afiliados porque, según ellas, “quebraría el sistema”.
Mientras las empresas se aferran a este argumento para no devolver lo que cobraron de más, en paralelo el Gobierno avanza mediante la vía judicial respecto de un posible reembolso. En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud anticipó que presentará una medida cautelar para que la Justicia “ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses”.
De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro. Igual, la pelea seguirá en la Justicia.
> El avance judicial
El Gobierno también le pidió ayer a la Justicia que frene los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga a diciembre pasado más el IPC. La presentación judicial fue en el fuero Civil y Comercial. El Gobierno apunta al incremento de 18 empresas.