La Cámara de Diputados iniciará este lunes al mediodía el debate de la nueva de ley de Bases que el Gobierno negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, tras el estrepitoso fracaso de febrero, y que incluirá el apartado fiscal. Será a menos de un mes de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, motorizado por el presidente Javier Milei.
El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado después de ceder en varios puntos. La sesión que arranca hoy se extendería al martes y, posiblemente, también a la madrugada del miércoles. La votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor, según fuentes parlamentarias del oficialismo. En el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo.
La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento. Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le escabulla ningún voto.
El oficialismo debió sacrificar artículos para poder arrimar un dictamen que fuera firmable por la oposición light. Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica, quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a apenas ocho -de las 41 originales- la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación). Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones.
Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica (ésta última pertenece a HCF pero tiene juego propio) intentarán plasmar cambios y agregados en el recinto en lo que refiere a la reforma laboral, el impuesto al tabaco (en este caso en la ley fiscal). Además, fiel a su tradición de no otorgarle “superpoderes” a ningún presidente, la fuerza política de Elisa Carrió no votará la delegación de facultades. También hay muchas dudas respecto a los que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en 41.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados con hijos.
El radicalismo está dividido respecto de esta propuesta del Gobierno y podría haber un batacazo en este sentido. Por si fuera poco, hay diputados de la UCR y de HCF que no están convencidos de las “bondades” del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.
Los diputados del espectro “dialoguista” están en una encrucijada dilemática: aseguran que quieren darle a Javier Milei las herramientas para que gobierne y deje de lado las excusas, pero no están conformes con la redacción final de algunos artículos y saben que si aplica su poder de veto el presidente, un fundamentalista del “todo o nada” podría volver a ordenar el retiro del proyecto en plena sesión, levantando el dedo acusador contra toda la oposición.
Otro punto de fricción
Una demanda de la UCR que podría traerle a LLA algún dolor de cabeza, con el apoyo transversal de un puñado de diputados, es la eliminación de las llamadas “cuotas sindicales” que se descuentan de los salarios de afiliados y no afiliados para financiar las cajas gremiales.